Una banda de extorsionadores, así describe el discurso a los López Obrador, Beltrán y Gutiérrez, una familia que, según los señalamientos expuestos desde la propia izquierda, habría convertido la exigencia de dinero a políticos cercanos al movimiento en una forma de vida.
¿De qué se trata? De exigir aportaciones del 30, 40 y hasta 50 por ciento de los sueldos de algunos políticos para garantizar su manutención.
Una práctica que, de acuerdo con los testimonios, habría sido aprendida desde casa y que Andy López Beltrán habría entendido bastante bien: pedir para vivir hoy y seguir gozando mañana.
No se trata de una acusación que venga únicamente de los adversarios políticos. Las declaraciones que hoy vuelven a poner el tema sobre la mesa provienen de alguien que asegura haber participado en esas aportaciones cuando fue diputado, junto con legisladores locales y federales de Tabasco, así como alcaldes.
El señalamiento es contundente: quienes formaban parte del movimiento tenían que destinar una parte importante de sus ingresos para mantener a Andy, conocido como el Chilango, y a otros integrantes de ese círculo.
El propio testimonio recuerda que, en aquellos años, López Beltrán no tenía ni para pagar el pasaje del transporte público.
Sin embargo, lo que pudo haber comenzado como una ayuda económica terminó convirtiéndose, según esta versión, en una exigencia recurrente.
Y ahí está el verdadero problema.
Una cosa es que una persona atraviese dificultades económicas y reciba el apoyo de quienes la rodean. A cualquiera puede faltarle dinero para comer o incluso para trasladarse. La solidaridad no tendría por qué ser motivo de cuestionamiento.
Pero otra muy distinta es que esa ayuda se convierta en una obligación para quienes ocupan cargos públicos o forman parte de un movimiento político. Mucho menos cuando se habla de porcentajes tan elevados de sus ingresos.