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Inés Gómez Mont busca que tribunal anule su orden de aprehensión

Los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de CDMX determinarán si confirman, modifican o revocan la sentencia contra Gómez Mont

ines gomez mont (Archivo)

La conductora de televisión Inés Gómez Mont busca ahora que un tribunal federal ordene a una jueza que anule la orden de aprehensióngirada en su contra por supuesto lavado de dinero, delito que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).

Según registros judiciales, Gómez Mont impugnó la sentencia de la juzgadora que rechazó ampararla para dejar sin efectos el mandato de captura librado en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir del expediente abierto en su contra.

Tribunal Colegiado de CDMX resolverá caso de Gómez Mont

De esta forma, serán los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México quienes determinen si confirman, modifican o revocan la sentencia del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la capital del país, que hace un mes negó concederle la protección de la justicia federal.

La jueza Patricia Marcela Diez Cerda concluyó que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda actuó de forma acertada al no resolver en sentido favorable la petición de Gómez Mont.

FGR vincula a la conductora con desvío de más de 2 mmdp

Explicó que el delitono lo constituyó la abstención de enterar los impuestos del ejercicio fiscal 2016, sino la posibilidad de que existan recursos, derechos o bienes que provengan, de manera directa o indirecta, de la comisión de un delito y respecto de los cuales no se acredite su legítima procedencia, configurándose el posible lavado de dinero, por lo que no es viable decretar el pronunciamiento de no ejercicio de la acción penal.

Según las pesquisas de la FGR, la presentadora televisiva, junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, están relacionados con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos obtenidos mediante contratos asignados de manera directa, que fueron utilizados con empresas “fachada” que operaron durante la pasada administración federal y presuntamente prestaron servicios a la Secretaría de Gobernación.