La presidenta de Perú, Dina Boluarte hizo cambios en su gabinete a unos días de asumir el cargo, en un acto en el Palacio de Gobierno, tomó juramento al general retirado Vicente Romero como nuevo ministro del Interior, mientras que Luis Alfonso Andrianzen, asumió como ministro del Trabajo y Nancy Tolentino como ministra de la Mujer.
Después de varias jornadas de protestas de personas que rechazan al nuevo gobirno, y que han dejado hasta el momento 42 muertos, entre ellos un policía. El entonces ministro del trabajo, Eduardo García renunció al cargo y pidió a la presidenta que se disculpe por la respuesta que ha dado su gobierno a los reclamos de la ciudadanía.
Misión de la CIDH pide el cese de la violencia
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está de visita en Perú pidió el viernes el cese de la violencia en el país que transita por una etapa "muy complicada" de protestas, mientras la fiscalía inició 11 investigaciones para identificar a los "responsables" de docenas de muertos.
El jefe de la misión, Edgar Stuardo, afirmó que tras reuniones con familiares de las víctimas, autoridades del Estado y representantes de organizaciones civiles durante tres días percibió que la solución para salir de una de las peores crisis en el país andino es generar un amplio diálogo nacional.
Pedro Castillo por su parte utilizó la red social Twitter para solicitar una audiencia con los representantes de la CIDH.
Compatriotas: desde mi arbitrario e ilegal encierro y, ante la visita de la Misión de Alto Nivel de la @CIDH, publico esta carta donde mi equipo legal y yo solicitamos nuevamente audiencia en el penal de Barbadillo para darles detalles de mi injusta prisión y persecución política pic.twitter.com/X25bUbmB5H
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 13, 2023
Las demandas de los manifestantes
En las manifestaciones se exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la libertad de Castillo, que cumplen prisión preventiva por "rebelión", la cual él niega.
Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y las fuerzas armadas peruanas deusar armas de fuego mortales y lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros. El Ejército dice, por su parte, que los manifestantes, la mayoría en el sur andino del país, han usado armas y explosivos caseros.
El ministerio público investiga
El Ministerio Público informó que abrió investigaciones preliminares por los violentos hechos en regiones sureñas de Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac y Ucayali, focos de las mayores protestas, además de la capital, Lima.
Estas pesquisas marchan en paralelo a la investigación, también preliminar, anunciada esta semana contra la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" en las protestas, en la que se incluyó a parte de su gabinete de ministros.
De acuerdo a las "primeras indagaciones" se registraron 355 civiles y 176 policías heridos, y 329 detenciones de ciudadanos durante las protestas de diciembre y enero, detalló la fiscalía.
En la investigación se consideran los presuntos delitos dedisturbios, violencia, resistencia a la autoridad y obstáculo alfuncionamiento de servicios públicos, refirió.