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Invalidan decreto que dejaba a servidores hacer propaganda electoral

Por unanimidad ministros de la Corte invalidaron el decreto que protegía a los servidores de ser sancionados por hacer propaganda electoral con opiniones.

La Suprema Corte de Justicia invalidó, por unanimidad, el decreto que protegía a los servidores públicos de ser sancionados por hacer propaganda electoral mediante la expresión de opiniones o comentarios.

A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el pleno del máximo tribunal del país concluyó que en el transcurso de los procesos electorales no pueden existir modificaciones legales, por lo cual resulta necesario declarar la invalidez de dicho decreto.

Corte encontró violación a la veda de propaganda electoral

"Se actualiza la violación a la veda legislativa ya que el decreto interpretativo desde su entrada en vigor el 18 de marzo de 2022, es un hecho notorio que ya estaban en curso seis procesos electorales locales, así como el proceso federal de revocación de mandato", expuso la ministra al presentar su proyecto de invalidez.

"Durante el transcurso de los procesos electorales no pueden existir modificaciones legales fundamentales por lo que se propone a este honorable pleno declarar su invalidez total por este motivo", reiteró Esquivel.

Ministros resolvieron en menos de 5 minutos invalidar decreto

Sin debate, la Corte resolvió en menos de 5 minutos las acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores y partidos de oposición en las que se impugnaban reformas que establecen que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas".

La reforma fue impulsada antes de la consulta de revocación de mandato realizada el pasado 10 de abril, y luego de que diversos servidores públicos hicieron declaraciones públicas o publicaron mensajes en sus redes sociales llamando a participar en ese proceso.

Ante esto, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó sancionarlos, y en junio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que como castigo se les incluya en una lista donde se establece que han dejado de tener un modo honesto de vivir.