Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) dieron el martes luz verde a la Fiscalía para reanudar una investigación sobre presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por funcionarios de Venezuela.
En su decisión, los jueces dijeron que si bien Venezuela ya toma algunos pasos para investigar los supuestos abusos, “sus procedimientos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la acusación”.
El Gobierno de Venezuela dijo en un comunicado que recurrirá la decisión ante la Sala de Apelaciones de la CPI y agregó que hay una estrategia de “operadores políticos nacionales e internacionales” para “instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos”.
Esos operadores, que el gobierno no identificó, “han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que han sido o están siendo investigados”.
Situation au #Venezuela : la Chambre préliminaire I de la #CPI autorise la reprise des enquêtes ⤵️ https://t.co/tA3SKcJfq7
— CPI-Cour pénale int. (@CourPenaleInt) June 27, 2023
Venezuela busca aplazar investigación
En noviembre del año pasado, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió a los jueces que rechazaran la demanda de Venezuela de aplazar el caso.
Caracas había buscado la demora para demostrar que las autoridades estaban listas y en condiciones de realizar su propia investigación sobre presuntos delitos cometidos bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero los jueces coincidieron con Khan en que las reformas legales anunciadas no eran suficientes para justificar una demora.
Un panel independiente de expertos de la Organización de los Estados Americanos, que analizó presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, encontró en un informe de mayo que las reformas legales propuestas por el gobierno venezolano trabajaron para proteger activamente a los perpetradores de alto nivel de un posible enjuiciamiento por parte de la CPI.
