Un juez federal ordenó garantizar la salud física y mental así como no mantener incomunicado al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien está preso desde el sábado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México concedió al exfuncionario una suspensión de plano, para efecto de que cesen los actos de incomunicación que reclama, así como cualquier otro de los prohibidos por los artículos 15 y 22 de Constitución.
Juez concede suspensión a Murillo Karam
"Se concede a Jesús Murillo Karam la suspensión de plano para el efecto de que cesen los actos de incomunicación que reclama", concluyó el juez.
" De encontrarse al quejoso en las instalaciones que ocupa el Reclusorio Norte de esta ciudad, su director queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica, por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio", señala el acuerdo.
Además, el impartidor de justicia señaló que si el ex procurador Murillo Karam se encuentra sujeto a proceso, sea de naturaleza penal o de cualquier otro tipo, el recurso otorgado no trae consigo que deba dejársele en libertad, pero de ser el caso deberá ponérsele inmediatamente a disposición de la autoridad competente.
Director del Reclusorio Norte debe garantizar su salud
De igual forma, el director del Reclusorio Norte deberá, bajo su más estricta responsabilidad, permitir el acceso de familiares, abogados y/o autorizados de Jesús Murillo Karam en las condiciones y bajo las medidas de seguridad que la propia responsable estime conveniente atendiendo a la emergencia sanitaria por Covid-19.
Será el miércoles cuando en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia defina si vincula o no a proceso a Jesús Murillo Karam por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) por el Caso Ayotzinapa.