Una corte de apelaciones de Estados Unidos ha comenzado a escuchar los argumentos acerca de si debe seguir bloqueando la ley SB4 de Texas que es respaldada por los republicanos y con la que se pretende facultar a las autoridades estatales a detener y procesar a migrantes por el hecho de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, es la que por ahora “tiene la bolita”, al analizar si permite que la ley, popularmente conocida como SB4, entre en vigor mientras el estado apela el fallo de un juez que la bloqueó a la espera del resultado de un recurso presentado por el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden, además de varias organizaciones de derechos civiles.
En su discurso de apertura, Aaron Nielson un abogado del estado de Texas, le dijo al panel que la SB4 refleja la ley federal de inmigración y es un ejercicio legítimo de los poderes policiales del estado:"Texas tiene derecho a defenderse, incluso de los cárteles de la droga”.
APD’s statement on SB4 regarding the Fifth Circuit’s order. pic.twitter.com/VXIloHm7jH
— Austin Police Department (@Austin_Police) March 20, 2024
Sin embargo, se enfrentó a dificultades a la hora de responder a las preguntas acerca de cómo funcionaría esta ley en la práctica. Priscilla Richman, jueza de circuito, señaló que ningún otro estado ha reclamado el derecho de expulsar a las personas que se encuentran ilegalmente en el país: "No es un poder que hayan ejercido históricamente los estados".
Cabe recordar que inicialmente el Quinto Circuito había suspendido el fallo que bloqueaba a la ley SB4 y laCorte Suprema de Estados Unidos confirmó esa decisión, por lo que se permitió brevemente a Texas que aplicara dicha ley. Sin embargo, horas más tarde de ayer martes, en una decisión inusual, el panel del Quinto Circuito revocó su fallo anterior en una votación de 2-1
La ley SB4 tipificaría como delito estatal la entrada o reingreso ilegal en Texas desde un país extranjero (en este caso desde México), además de que otorgaría a las fuerzas del orden estatales y locales la facultad de detener y procesar a los infractores. La polémica ley también permitiría a los jueces estatales ordenar que las personas abandonen el país, con penas de prisión de hasta 20 años para quienes se nieguen a cumplirla.
Cabe recordar que el estado de Texas ha impugnado ante los tribunales una serie de políticas federales de inmigración, incluida la destrucción por parte del gobierno de Estados Unidos de las vallas de alambre con púas que el estado ha colocado a lo largo de la frontera; por el otro lado, el gobierno del presidente Joe Biden ha demandado a Texas para obligarle a retirar una barrera flotante de unos 300 metros de largo en el río Grande.