El 11 de julio de 2021 miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades de Cuba para reclamar respeto a los derechos humanos y mejoras en la calidad de vida, de acuerdo con expertos, se trató de las manifestaciones "más grandes", superando incluso "El Maleconazo" de 1994.
Desde hace un año, organizaciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch, han venido denunciando los arrestos que se produjeron a raíz de las protestas y sostienen que el gobierno cubano "ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos".
La organización Prisioner Defenders, con sede en Madrid, resalta en su informe más reciente que más de 5 mil personas fueron detenidas por manifestarse en distintas ciudades del país hace un año.
"Detuvieron a más de 5 mil personas, lanzándolos a camiones, apaleándolos y humillándolos y obligándoles a decir 'Patria o Muerte' bajo cumplidas amenazas de ser golpeados. La razia de detenciones continuó con la confiscación y revisión de todos los teléfonos móviles de los manifestantes y la inspección minuciosa de las redes sociales, buscando rostros indiscriminados de manifestantes", indica el documento.
El informe más reciente de la organización Human Rights Watch, titulado "Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba", resalta que "en la mayoría de los casos documentados, los detenidos permanecieron incomunicados durante días, semanas y a veces meses, sin poder hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas de sus familiares o abogados. Algunos fueron golpeados, obligados a hacer sentadillas desnudos o sometidos a maltratos, incluyendo privaciones del sueño y otros abusos, que en algunos casos constituyen tortura".
Con el objetivo de "informar al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021", la Fiscalía General de la República de Cuba, presentó un documento el pasado 13 de junio en cual decía que, hasta el momento,"resultaron sancionadas 381 personas".
Human Rights Watch sostiene que "los tribunales cubanos han ratificado las sentencias en contra de más de 380 manifestantes y transeúntes, incluyendo a varios niños y niñas" y que "muchos juicios tuvieron lugar en tribunales militares, en violación del derecho internacional".
El documento además denuncia que los agentes "detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica, arrestaron a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante días o semanas".