El ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam regresa al Reclusorio Preventivo Norte, luego de que fue dado de alta de la Torre Médica de Tepepan, después de convalecer por la cirugía de corazón que se le practicó en octubre pasado, en el Hospital de Cardiología, luego de que las autoridades consideraron que su condición permitía que fuera trasladado a la cárcel donde enfrenta su proceso.
Ante la medida, el abogado del ex servidor público, José Javier López García, tras confirmar el traslado, en un comunicado destacó que rechaza la medida, al considerar que “pone en riesgo la salud y vida del licenciado Murillo Karam”.
Defensa advierte que Murillo Karam tuvo COVID19 la semana pasada
Destacó que “la semana pasada el licenciado Murillo Karam fue diagnosticado con COVID-19, lo cual lo deja en una posición aún más vulnerable su salud por las enfermedades que padece como son enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral. Incluso el día de hoy, presentó una presión arterial de 190/100”.
La defensa informó que el 6 de diciembre pasado, se impugnó la determinación del juez de control que “inexplicablemente por la evidencia médica que se presentó, negó el cambio de medida cautelar para que el licenciado Murillo Karam siguiera su proceso en su casa”.
Murillo Karam ha sido trasladado 8 veces del Reclusorio a hospitales
Sobre la condición de salud del ex procurador, su defensa recordó que “desde su ingreso al Reclusorio Norte, el licenciado Murillo Karam fue trasladado en 8 ocasiones del centro penitenciario a diversos hospitales públicos. En la última ocasión, registrada el 19 de octubre, ya no regresó al reclusorio, sino que fue llevado a 4 diferentes hospitales públicos: Hospital General de Xoco; el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, donde se le práctico de emergencia una cirugía Edarterecotomia
Carotidea de Alto Riesgo; Hospital Belisario Domínguez y la Torre Médica de Tepepan”.
El ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) está vinculado a proceso los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, por las presuntas irregularidades cometidas en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
