El dictador Daniel Ortega ordenó la cancelación del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que es la principal cámara empresarial de Nicaragua.
En la Gaceta oficial de ese país apareció el anuncio sobre la cancelación jurídica de este órgano sobre las empresas privadas en Nicaragua.
El Ministerio de Gobernación (Migob) se canceló la personalidad jurídica de Cosep, así como los organismos que lo integraban.
“No completaron el proceso de convalidación de registro, presentando inconsistencias en la información”, informó La Gaceta. Las asociaciones que pierden el permiso de operación conforman el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la mayor patronal del país centroamericano.
De acuerdo con medios nicaragüenses, el presidente de esta organización, Michael Healy, y su vicepresidente, Álvaro Vargas y su exlíder José Adán Aguerri son parte de un grupo de presos políticos desterrados de Nicaragua.
Los tres formaron parte del grupo de 222 presos que fueron excarcelados por la administración de Ortega y expulsados a Estados Unidos en febrero.
En la gaceta de ese país se indica que las organizaciones que componen el Cosep no complementaron el proceso de convalidación de registro, como lo indican las leyes de Nicaragua.
¿Qué es el Cosep de Nicaragua?
El Cosep se compone de al menos 19 organizaciones de empresas privadas en Nicaragua, según reportaron medios locales.
Este órgano, al igual que otras organizaciones no gubernamentales han sido canceladas por la dictadura de Daniel Ortega, pues muchas de ellas acusan que las autoridades no aceptaban los documentos para su aprobación.
La alianza entre los principales empresarios de Nicaragua y la dictadura de Daniel Ortega se rompió hace unos cinco años, según la agencia Reuters, cuando estalló una grave ola de protestas a nivel nacional pidiendo elecciones adelantadas, las cuales dejaron unos 360 muertos, según organismos internacionales.
¿Qué pasa en Nicaragua?
Recientemente, un equipo de expertos de derechos humanos que designó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que en Nicaragua se han cometido “graves y sistemáticas” violaciones contra un segmento de su población, equivalentes a crímenes de lesa humanidad.
El grupo acusó al dictador Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo ser partícipes de las violaciones, por lo que pidieron acciones legales internacionales y sanciones contra los responsables.
El grupo envió 12 cartas al gobierno que encabeza Ortega desde que comenzó a trabajar hace un año en el país, pero no recibió respuestas.
