En 1970, Uruguay era el único país de América Latina donde la ciudadanía podía reunir firmas para activar un referéndum.
En 2020, la legislación establece mecanismos de este tipo también en Costa Rica, Honduras, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y México.
Es una opción que está en cada una de las constituciones de esos países, y siendo así ¿Por qué la ciudadanía sigue prefiriendo tomar las calles?
Esta es apenas una de las formas que la gente tiene como opción para decidir directamente en las urnas sobre temas de su incumbencia. Y si allí está este recurso, nuevamente la pregunta ¿por qué no apelamos a ello? Parece que los mecanismos de participación son letra muerta.
Hay que entender que, no solamente es un recurso del que puede hacer uso el presidente, pero ¿lo sabe la gente? O ¿no se hace por falta de capacidad organizativa? ¿O hay algo más?
Incluso, está el caso de Chile que, exceptuando el importante plebiscito de 2020 por una nueva constitución, posee una escasa práctica de referéndums.
Hay quienes critican este tipo de consultas y las llaman instrumentos de manipulación. Hay quienes defienden este recurso de elección directa para ejercer la soberanía ciudadana. Y aunque, Bolivia, Ecuador y Venezuela han acaparado la atención en este tema, por la cantidad y la forma en que han realizado estas consultas, lo cierto es que, desde los 90, cada vez más países han introducido referéndums y consultas populares en sus constituciones.
Para que sea la gente quien tome el control: en primer lugar hay que saber que la activación de un referéndum es para canalizar demandas ciudadanas, es decir, los intereses del pueblo.
Y en segundo lugar: es indispensable generar condiciones apropiadas para la formación de la opinión pública. Hay que educar para que una democracia se refuerce. Hay que generar soluciones, la política debe cambiar las cosas, pero y ¿si no? La propia gente debe tomar decisiones.