La muerte de otro mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no es un accidente ni un exceso aislado: es la consecuencia previsible de un sistema que ha permitido que la brutalidad se normalice.
Cuando un país con el poder y los recursos de Estados Unidos tolera que agentes armados actúen sin supervisión efectiva, el resultado es inevitable: abusos, impunidad y vidas truncadas. La política migratoria, por legítima que sea, no autoriza a tratar a los migrantes como enemigos ni a justificar la violencia como herramienta rutinaria.
Este editorial no es solo una crítica frontal y severa a las políticas emitidas por el presidente de los Estados Unidos. Aquí y ahora hay que decir en tono enérgico, con rigor, y sin caer en los ataques personales, que el uso de la violencia y la barbarie por parte de las autoridades de inmigración, no está justificada. La violencia y la brutalidad no están calificadas en ningún estatuto estadounidense, ni como un mecanismo, ni como instrumento de aplicación de las leyes migratorias.
En ningún sitio de esas leyes en vigor en Estados Unidos, se les da a los agentes de inmigración 'carta blanca' para esgrimir y usar armas de fuego en contra de los inmigrantes sin documentos. Simple y llanamente estas son acciones ilegales inaceptables.
Los culpables tienen que ser castigados por ejercer una autoridad de la que carecen. Y si el presidente de Estados Unidos insiste en proteger estas actividades ilegales, el mismo presidente debe ser acusado por extensión de estos crímenes y de los asesinatos que sus agentes llevan a cabo en su nombre.
Desde hace años, la retórica oficial estadounidense ha sembrado una asociación tóxica entre inmigración latina y criminalidad. Durante las dos administraciones de Trump, ese discurso se convirtió en política pública y en cultura institucional.
Esto que apuntamos no solo ya deformó el debate democrático: sino que también, ya penetró en las agencias encargadas de aplicar la ley. Cuando el mensaje desde arriba es que el migrante es una amenaza, los agentes aprenden a disparar antes de preguntar. Ese clima no surge de la nada; es el producto de decisiones políticas que han degradado la noción misma de derechos humanos.
Los mexicanos hemos cargado con el peso de esa narrativa
Los mexicanos en Estados Unidos somos la comunidad migrante más numerosa, y hay que decir públicamente que esta comunidad por décadas ha sostenido a sectores enteros de la economía estadounidense. Aun así, siempre hemos enfrentado una hostilidad social y política abierta y desde que Trump llegó a la presidencia, cada vez más creciente.
Señoras y señores de Estados Unidos, que seis mexicanos hayan muerto en operativos del ICE no es una estadística: es una acusación. Esto obliga a preguntarnos si la violencia es un defecto del sistema o si es parte de su funcionamiento.
Escuche usted presidente Trump. Cuando los abusos se repiten, dejan de ser anomalías y se convierten en evidencia de un problema estructural.
... When abuses are repeated, they cease to be anomalies and become evidence of a structural problem”
La respuesta tradicional de México —protestas consulares, solicitudes de información, notas diplomáticas— ha sido insuficiente. Estados Unidos ha respondido tarde, de manera incompleta o, simplemente, no ha respondido.
Por eso el giro hacia la vía judicial es más que un cambio de estrategia: es un acto de defensa elemental. No se trata de una confrontación entre gobiernos, sino de exigir que las instituciones estadounidenses rindan cuentas ante sus propios tribunales. Si Washington presume de Estado de derecho, debe aceptar que ese Estado de derecho también se aplique a sus agentes cuando hay indicios de abusos graves y de crímenes y asesinatos.
Este uso de los tribunales tiene además un valor simbólico que Estados Unidos debe entender. Durante décadas, Washington ha señalado las fallas de México en materia de derechos humanos, violencia e impunidad. Ese escrutinio no puede ser unilateral. La democracia estadounidense no se fortalece ocultando sus excesos, sino enfrentándolos.
La muerte de un migrante no es un daño colateral ni un costo aceptable de la política migratoria: es la prueba de que algo esencial está fallando en el país que dice defender los derechos humanos.
