Ciudad de México. Ante diputados del Partido Verde, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, defendió la estrategia de abrazos, no balazos, y aseguro que en la lucha contra el crimen organizado se atacan las causas, pero también se combate a todas las bandas distingo.
Afirmo que a diferencia de gobiernos anteriores aquí no hay vínculos ni pactos con el crimen.
“Aquí no hay operativos para unos grupos sí, y para otros no, aquí es para todos y cada uno de ellos. A nosotros no nos mueve el lucro o el interés personal. No tenemos pactos con la delincuencia ni con grupos de ningún tipo. Nuestro compromiso es con la ciudadanía”, asevero la funcionaria.
Durante la reunión plenaria con diputados federales del PVM, secretaria de Seguridad pidió aprobar la iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaria de Defensa Nacional, que enviara el presidente López Obrador el próximo primero de septiembre al Congreso.
“Esto evitará que se repitan estrategias fallidas que perviertan a una institución de tal relevancia, y se afecte la seguridad y los derechos de la población”, aseguro.
Secretaria de Seguridad plantea reformas al artículo 21 de la Constitución
De cara al nuevo periodo ordinario de las Cámaras del Congreso, que inicia el próximo jueves, la responsable de la seguridad federal, planteo a diputados 12 propuestas de reforma que el gobierno le interesa impulsar en materia de seguridad y justicia.
Entre estas destaca, reformas el artículo 21 de la Constitución, el Código de Procedimientos Penales y la ley de Ejecución Penal para que el presidente de la república y los gobernadores tengan facultad de decidir a quién se le concede la libertad anticipada en condenas breves, casos de vulnerabilidad y delitos no graves, para que no solo sea decisión de los jueces.
Para ello, se propone crear un Comité Integrado por autoridades penitenciarias, Fiscalías, Poder Judicial y Defensoría Pública.
“Se requieren también reformas, que seguramente generarán polémica, pero las queremos poner en la mesa, que no solamente sean los jueces los que tomen esas decisiones, sino también que sean los ejecutivos federal y estatales, los que puedan definir y decidir porque, a veces, tardan mucho las decisiones sobre este tipo de ejecución de estas penas”.
En la reunión, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana pidió a los diputados expresar su apoyo a las propuestas a mano alzada.