Autoridades de Rusia, a través de un tribunal de Moscú, determinaron la suspensión de todas las actividades de la Fundación Anti-Corrupción (FBK), el movimiento político fundado por Alexei Navalny, así como su red regional y nacional.
Esta medida cautelar fue tomada mientras fiscales esperan la resolución de los tribunales sobre su petición de catalogar la organización de Navalny y todo lo referente a ella como “grupos extremistas”. En caso de que esta solicitud sea aprobada, automáticamente estaría prohibida y todas las personas relacionadas a este movimiento podrían recibir penas en prisión.
En la audiencia preliminar, los fiscales solicitaron al tribunal que prohibiera a los grupos de apoyo a Navalny que publiquen cualquier cosa en redes sociales, que organicen protestas, e incluso, que participen en las elecciones, de acuerdo con lo dicho por Leonid Volkov, aliado y colaborador cercano de Navalny.
De acuerdo con la demanda presentada ante el tribunal, la fiscalía acusa a estas organizaciones de buscar crear las condiciones de desestabilización en cuanto a situaciones sociales y políticas en Rusia, “encubriéndose en doctrinas liberales”.
Por su parte, la oficina del líder opositor en Moscú compartió a través de su canal de Telegram que ya no podía trabajar como lo hacía en su anterior formato a raíz de esta decisión judicial.
“Sería demasiado peligroso para nuestros empleados y para nuestros seguidores”, dice parte del mensaje que recibieron los partidarios de Navalny.
Además, los seguidores del opositor afirmaron que seguirán luchando, a título personal, en contra de la corrupción, en contra del partido gobernante, Rusia Unida, y en contra del presidente Vladimir Putin.
“No será fácil luchar, pero ganaremos de manera absoluta, porque somos muchos y somos fuertes”, añadió la oficina del líder.
Te puede interesar: Ejecutan a Alex Quintero, cantante de corridos, en Sonora
Decisión genera rechazo
Como era de esperarse, la comunidad internacional ya respondió ante esta determinación de la justicia rusa.
Alemania fue uno de los primeros países en pronunciarse al respecto, a través del portavoz de la cancillería, Steffen Seibert, quien catalogó la acción como “incompatible con el estado de derecho”.
“Usar el poder contra las opiniones políticas no deseadas con el pretexto de evitar el terror no es de ninguna manera compatible con los principios más básicos del estado de derecho”, afirmó el vocero a través de un comunicado.
Te puede interesar: Padre crea pupitre anticovid para proteger a su hija
