La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la posibilidad de que la Guardia Nacional apoye al Instituto Nacional de Migración (INM) en el resguardo del interior de las estaciones migratorias tras concluir que garantizar su vigilancia es un asunto de seguridad pública.
Incluso, durante la sesión de este lunes, salió a relucir la tragedia ocurrida recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas durante el incendio de uno de estos inmuebles.
“Acabamos de ver una tragedia terrible precisamente en un centro migratorio, donde al parecer y hasta lo que se sabe, estaba encargada la seguridad local a una institución privada, donde no se tenían los mínimos elementos necesarios. Yo creo que una institución como la Guardia Nacional es una salvaguarda de que los lugares tengan las condiciones necesarias y que adicionalmente se cuide a las personas migrantes”, externó el ministro Arturo Zaldívar.
La @SCJN avaló la posibilidad de que la @GN_MEXICO_ apoye al @INAMI_mx en el resguardo del interior de las estaciones #migratorias.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 24, 2023
Concluyó que garantizar su #vigilancia es un asunto de #seguridad pública.
Ministros señalan la necesidad que de que la Guardia Nacional proteja los centros migratorios por dentro y por fuera
En un inicio el ministro ponente, Javier Laynez, proponía invalidar esta posibilidad, señalando que en todo caso la GN podría desplegarse fuera de las estaciones migratorias, pero no en su interior, pues las personas migrantes no pueden considerarse como un riesgo para la seguridad pública; sin embargo, la mayoría de los ministros señaló que la participación de esta corporación sí puede ser necesaria, precisamente para salvaguardar a quienes se encuentran detenidos en estas instalaciones.
“Debemos reconocer que la situación actual del sistema de alojamiento de personas migrantes enfrenta situaciones adversas que han tenido como consecuencia la vulneración de derechos humanos de las personas migrantes, lo anterior amerita una reacción frontal y directa por parte del Estado mexicano”, explicó la ministra Loretta Ortiz.
La Corte también invalidó la ley que preveía la facultad de la Guardia Nacional para llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, en la investigación para la prevención de delitos.Lo anterior, al considerar que se trataba de una técnica de investigación prevista especialmente para el Ministerio Público, que podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas, así como a la violación a los derechos a la privacidad y a la no incriminación, además de que resultaba desproporcionada con relación a los beneficios que se pretendían obtener.