La decisión del Congreso de Oaxaca para disolver de facto al Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad y destituir a sus magistrados fue frenada la noche de este jueves por dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior al concederse una suspensión, a petición de los juzgadores cesados, quienes promovieron ante el máximo tribunal del país una controversia constitucional en contra del decreto avalado por los legisladores en una sesión extraordinaria y a distancia el pasado 22 de julio.
Magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca seguirán en el cargo
Con esta decisión las magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca seguirán en el cargo que les fue conferido y no les sustituirán las personas nombradas en dicha sesión extraordinaria. Además que no se debe dar curso a la indemnización a la que se refiere el decreto y no se les interrumpa el pago de sus percepciones.
"Se concede la suspensión del decreto para asegurar que las personas habitantes de Oaxaca cuenten con un Tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita... Esta medida cautelar también tiene por efecto que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no se modifiquen y que el Congreso se abstenga de realizar la reasignación presupuestal que ordena el decreto cuestionado", señala el acuerdo.
SCJN analizará si la reforma de la que derivó el decreto impugnado siguió el procedimiento legislativo
De esta forma la Comisión de Receso de la SCJN, integrada por los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, admitió a trámite la Controversia Constitucional 396/2023, que impugna el decreto por el que se sustituye el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de dicha entidad.
A partir de ahora la Suprema Corte comenzará a analizar si la reforma de la que derivó el decreto impugnado siguió el procedimiento legislativo que se define en la Constitución y, en su caso, si el contenido del decreto cumple con los principios establecidos en ésta.