En 1990, en el marco de las mesas de discusión del Encuentro Vuelta: el siglo XX. La experiencia de la Libertad, el escritor peruano Mario Vargas Llosa calificó a México como la “dictadura perfecta”.
En ese momento, un joven Enrique Krauze, moderador de la mesa de discusión, hizo eco a los dichos del autor de la Fiesta del Chivo y abonó con su célebre adjetivo: la “dictablanda”.
Algunos quedaron maravillados con tales afirmaciones. Asintieron con la cabeza y fueron reconocidos con ese aura que presumen algunos intelectuales. Todos menos uno: el premio nobel mexicano, Octavio Paz.
“Me gustaría hacer una pequeña rectificación, por amor a la precisión intelectual”, interrumpió el júbilo de los asombrados y puso freno de mano en una discusión entre sabiondos.
Una cosa son las dictaduras militares, presentes en varios momentos de la historia de América Latina y otra la dominación hegemónica que ejerció un partido como el PRI en el caso de México, acotó Paz.
Esta precisión puso un “estate quieto” en la mesa. Fue una “cachetada con guante blanco” a las mejillas intelectuales de un grupo de personas que estaban cada vez más cerca de ser borrachos, en una cantina.
Para discutir es necesario tener claridad en los conceptos
Y así llegamos a este breve escrito que retoma un tema de coyuntura que ha causado revuelo: el Tren Maya, recientemente declarado proyecto de Seguridad Nacional.
¿Qué significa que algo sea de “Seguridad Nacional''? Aquí algunos apuntes para la conversación:
- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece ciertas cláusulas para RESERVAR INFORMACIÓN cuando algo es declarado como de seguridad nacional (artículos 6, 16, 20).
- La misma CPEUM establece FACULTADES para que los Poderes de la Unión delimiten lo que es la SEGURIDAD NACIONAL (artículos 72 y 89).
Además, está la Ley de Seguridad Nacional, emanada de la CPEUM, que, entre todo lo que dice, establece que hay un Consejo que define lo que es objeto de interés público y seguridad nacional: el Consejo de Seguridad Nacional, compuesto, básicamente, por el presidente y su gabinete.
Entonces, por amor a la precisión, es importante aclarar que lo hecho por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es algo contemplado en la Ley y en todo el sistema en el que se desarrolla lo legal.
Y, más importante aún, si se pretende cambiar eso, se trata de modificaciones a nivel constitucional que, cabe recordar, necesitan de una mayoría calificada (2/3 partes de alguna de las cámaras) para llevarse a cabo; por no hablar de una ratificación por dos tercios de los estados de la federación.
Como dijo Paz, todo lo demás puede estar sujeto a discusión, pero es importante tener claridad en los conceptos.
Pero esto es apenas una parte. Como dirían los filósofos de la Grecia clásica: “una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa”. Porque si bien el presidente está facultado para hacer este cambio legal al Tren Maya, uno de sus proyectos insignia, la pregunta real es cuáles son algunas de sus posibles consecuencias.
Por ahora sabemos que esto evitará que grupos ambientalistas puedan interponer nuevas demandas para detener lo que ellos consideran una devastación a la selva. Pero quizá lo más importante son los posibles efectos de esta maniobra en términos de transparencia.
No olvidemos que el flamante trenecito (de diesel) está siendo pagado con recursos públicos (entiéndase: nuestros impuestos) y esto amerita que sepamos cómo y para qué se está gastando nuestra lana: cuánto cuesta cada cosa, qué empresa lo está construyendo, etcétera.
El problema aquí es que con la clasificación de Seguridad Nacional, el proyecto entero del Tren Maya podría entrar en un limbo de opacidad financiera. Hasta el momento no es un hecho, pero sí una seria posibilidad.
Así bien, una cosa es exigir claridad en los conceptos pero otra igual de importante es exigir claridad en las cuentas públicas. ¿O qué opinan?