Un tribunal federal confirmó la decisión de un juez de desechar las acusaciones formuladas contra 17 ex funcionarios del sistema penitenciario federal por supuestas anomalías en la contratación de servicios para penales de alta seguridad, por lo que se le pone un fin a dicho proceso.
La titular del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, Graciela Santes rechazó los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) la cual buscaba que revirtiera la decisión del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Ganther Villar de no sujetar a proceso y encarcelar a los ex servidores públicos.
Fue el pasado 22 de enero cuando tras una larga audiencia el juez Villar reviró los argumentos de la FGR y concluyó que los ilícitos de asociación delictuosa, y uso indebido de atribuciones y facultades imputados ya prescribieron.
Audiencia se alargó debido a cantidad de ex funcionarios imputados
El juzgador federal argumentó que conforme a la ley vigente en nuestro país, el plazo para investigar y perseguir los supuestos delitos cometidos por los ex funcionarios finalizó desde 2020 y la Fiscalía inició sus indagatorias después de este tiempo.
A pesar de lo extenso de la audiencia la cual, de acuerdo a fuentes judiciales, se alargó debido a la cantidad de imputados y diversidad de defensores, el juez Ganther Villar no se pronunció sobre si debían ser o no vinculados a proceso debido a la prescripción de los delitos.
¿De qué acusaban a los ex funcionarios penitenciarios?
La FGR atribuyó a los ex servidores públicos pagar un sobreprecio en los contratos de construcción y prestación del servicio de prisiones en los Centros Federales de Readaptación Social de Morelos, Michoacán, Durango, Sonora, Oaxaca, Guanajuato, Chiapas y Coahuila.
Estos contratos fueron otorgados entre 2010 y 2011 a las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco por alrededor de 270 mil millones de pesos, para instalar una infraestructura carcelaria con capacidad para 20 mil reclusos.
Fue en marzo de 2021 cuando, derivado de las indagatorias de la FGR en este caso, un juez giró una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna por irregularidades en los contratos del sistema penitenciario.