La Suprema Corte de Justicia concluyó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos que se expedían para sacar a personas en lista negra publicada entre los años 2014 a 2020, información que se había negado a entregar alegando motivos de seguridad nacional.
De forma unánime, el tribunal pleno resolvió, a propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 1/2020 en donde explicó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no argumentó adecuadamente sus motivos.
“Se concluye que, en este caso, no se pone en riesgo la seguridad nacional por la circunstancia de que se entregue la información solicitada, pues se ordenó testar la parte relativa que pueda hacer identificable a las personas eliminadas de la denominada lista de personas bloqueadas. Además, se toman en cuenta elementos importantes tales como que la respuesta que dio la Unidad de Inteligencia Financiera no adujo que existiera un riesgo a la seguridad nacional”, se planteó.
La solicitud de información fue presentada en junio de 2020
La solicitud de información fue presentada el 15 de junio de 2020 por un ciudadano ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde donde la UIF negó la entrega de los documentos argumentado, únicamente, que contenían datos personales.
La negativa fue revisada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual el 22 de septiembre de 2020 determinó que la UIF debía entregar una copia de los documentos solicitados, testando los nombres y datos personales de los involucrados.
Fue en contra de esta resolución que desde el Ejecutivo Federal se presentó el recurso, argumentado ahora razones de seguridad nacional, las cuales, según señalaron los ministros, no existen.
"No hay ni siquiera un intento por acreditar que la entrega de la información de la UIF atente contra la seguridad nacional", señaló el ministro Javier Laynez durante su participación.