Antonio Álvarez, presidente del Barcelona Sporting Club de Ecuador, fue detenido con fines investigativos en la madrugada del martes durante un operativo de la Fiscalía General del Estado que apunta a una presunta red vinculada a delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. La aprehensión se produjo en Guayaquil como parte de una investigación que, según las autoridades, aún está en etapa inicial.
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Según los reportes oficiales y el seguimiento de medios nacionales, Álvarez fue retenido junto a sus hermanos Aquiles (actual alcalde de Guayaquil) y Xavier; en total, las fuerzas del orden detuvieron a once personas relacionadas con el caso. Los detenidos fueron trasladados inicialmente al cuartel Modelo de Guayaquil y se prevé su traslado a Quito para la formulación de cargos y continuar con las diligencias judiciales.
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El procedimiento ha sido vinculado en la prensa al denominado “Caso Goleada”, denominación usada por algunos medios para referirse a la investigación que involucra presuntas irregularidades financieras y vínculos con estructuras de criminalidad organizada. Las autoridades aún no han presentado la acusación formal completa, y la Fiscalía ha señalado que las investigaciones continuarán hasta agotar las líneas probatorias.
¿Qué pasará con el Barcelona tras la detención de su presidente?
En reacción inmediata al hecho, Barcelona SC anunció la designación de Miguel Montalvo Arias como presidente subrogante del club para garantizar la continuidad administrativa y deportiva mientras avanza la investigación. La directiva del club subrayó su disposición a colaborar con las autoridades y garantizó que las actividades deportivas seguirán su curso.
¿El Barcelona podría ser sancionado por culpa de la detención de su presidente?
El caso abre un periodo de incertidumbre institucional para unos de los clubes más populares del país y plantea interrogantes sobre posibles repercusiones deportivas y financieras a corto plazo. Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que los delitos investigados, en caso de probarse, conllevan sanciones severas según el Código Orgánico Integral Penal, y que el proceso penal seguirá su curso con las garantías procesales correspondientes. La Fiscalía aseguró que ofrecerá más detalles conforme avance la investigación.
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