La utilización de la publicidad oficial y los presupuestos gubernamentales se ha convertido en un mecanismo de control político para presionar a los medios de comunicación y silenciar a voces disidentes, así lo señaló Ezra Shabot en Hechos AM. A través de operadores como Alfonso Brito, las estructuras de poder gubernamental condicionan los recursos financieros para exigir la remoción de periodistas críticos, imponer columnas y espacios a plumas afines, y coordinar represalias que van desde auditorías fiscales hasta ataques masivos con granjas de bots.
Este sistema rebasa el debate ideológico y vulnera la libertad de expresión, dejando a los comunicadores sin contrapesos judiciales ni instancias de defensa eficaces frente a la censura institucional. Mientras tanto, la red de operadores aprovecha su cercanía con figuras clave de Palacio Nacional para gestionar intereses políticos y servicios de manejo de crisis, consolidando un esquema donde el control de la narrativa pública se prioriza por encima del pluralismo informativo.