La exigencia de justicia que une a la prensa nacional“¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?” Esta es la dolorosa y urgente pregunta con la que Reporteros Sin Fronteras (RSF) y más de 40 medios mexicanos interpelan al gobierno y a las autoridades del país ante la persistencia de los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes.
En el marco de una movilización inédita, medios nacionales y locales publican simultáneamente esta alerta, acompañada de una lista de los comunicadores asesinados para exigir una respuesta acorde con una violencia que no puede convertirse en la norma.
Una crisis letal que no cede
Como telón de fondo del mensaje aparecen los nombres de los periodistas asesinados bajo la mirada de las autoridades, registrando un ritmo alarmante de uno por mes durante los primeros siete meses de 2026.
En total, 17 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la actual administración federal. El llamado generalizado deja claro que México no puede ni debe acostumbrarse a contar a sus profesionales de la información caídos.
Agreden a periodista Rosy Linares en Morelos durante cobertura del asesinato del alcalde de Temoac
Cada nombre en la lista representa una deuda profunda del Estado con las víctimas, sus familias y la sociedad. Detrás de cada uno hay una persona, una historia de vida y una voz silenciada cuyas consecuencias van mucho más allá de la tragedia directa. La violencia instala el miedo, alimenta la autocensura, debilita severamente el periodismo local y priva a comunidades enteras de información de interés público indispensable.
La advertencia contra la normalización de la violencia
Esta interpelación conjunta lanzada por medios de distintas regiones del país no es solamente un recuento de víctimas, sino una firme advertencia contra la normalización de una violencia que se ha vuelto estructural.
El fenómeno evidencia la persistente incapacidad institucional para contener una problemática impulsada principalmente por grupos del crimen organizado, los cuales continúan operando en la impunidad hasta el día de hoy.
Ante este escenario crítico, los compromisos asumidos al inicio del mandato presidencial en favor de la libertad de expresión deben traducirse de inmediato en acciones concretas.
RSF recuerda que el problema no ha sido una prioridad política durante demasiado tiempo y exige que la atención a esta crisis se convierta en el eje central de las políticas de justicia y derechos humanos del gobierno mexicano.
Piden un plan nacional de emergencia
La organización internacional urge al gobierno de México a poner en marcha una respuesta nacional de emergencia frente a la violencia contra la prensa.
Esto requiere movilizar de manera coordinada a los distintos niveles del Estado, incluyendo autoridades federales y estatales, fiscalías especializadas y el Poder Judicial, para garantizar una contención real de las agresiones.
Asimismo, las exigencias presentadas demandan la garantía de medidas rápidas y eficaces frente a situaciones de riesgo activo. Es imperativo fortalecer las investigaciones sobre los crímenes cometidos, combatiendo la impunidad mediante la identificación y sanción implacable tanto de los autores materiales como de quienes ordenaron los asesinatos.
Rendición de cuentas para proteger el futuro del periodismo
Finalmente, el plan de acción subraya la necesidad de establecer mecanismos estrictos de seguimiento y rendición de cuentas. Estos instrumentos permitirán detectar a tiempo las deficiencias en materia de prevención, protección e investigación para corregirlas de inmediato y evitar que las agresiones contra quienes ejercen el periodismo sigan repitiéndose en el país.