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Buscan aumentar penas por abuso sexual y violación a personas con discapacidad y adultos mayores

La diputada que propuso la reforma afirmó que, al subir las penas para los delitos de abuso sexual y violación, se garantizará una vida libre de violencia.

Una reforma al Código Penal Federal busca aumentar las penas por abuso sexual y violación cuando el delito se cometa contra una persona con discapacidad o adultos mayores.

La diputada por Morena, Mónica Herrera Villavicencio, promovió la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia para dictamen y a la de Atención a Grupos Vulnerables para que se pronuncien sobre las posibles modificaciones que buscan reducir los índices de este delito.

De acuerdo con la legisladora, al subir las penas para los delitos de abuso sexual y violación también serviría para "garantizar una vida libre de violencia, especialmente a quienes pertenecen a grupos vulnerables".

¿Cuál es la pena por el delito de abuso sexual y violación?

Actualmente, el Código Penal Federal establece que a la persona que cometa abuso sexual se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa, y a quien incurra en el delito de violación se le sancionará con ocho a 30 años de prisión.

La propuesta modificaría las condenas para ambos ilícitos y aumentarán hasta en una mitad sobre la sentencia que dicte un tribunal de enjuiciamiento.

Mónica Herrera agregó que esta clase de delitos se cometen a diario, motivo por el que se debe modificar la norma y aplicar medidas más severas. "Son una expresión de una sociedad decadente en valores y son una alarma social que nos dice que la violencia sexual es un problema de salud púbica en nuestro país", mencionó.

Suman 14 mil delitos contra libertad y seguridad sexual en 2023

En la exposición de motivos, la morenista también refirió que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública exponen que, con datos de agosto de 2023, se han registrado 14 mil 16 delitos contra la libertad y la seguridad sexual.

Este tipo de violencia, según comentó la legisladora, abarca actos que van desde el acoso verbal hasta la penetración forzada, así como la coacción como la presión social y la intimidación por la fuerza física, ante las cuales las personas con adultas mayores o con una discapacidad, son aún más vulnerables.