En México, el miedo se ha consolidado como una de las fuentes de ingresos más rentables para la delincuencia organizada. Durante 2025, la extorsión se posicionó como el delito más frecuente contra los establecimientos comerciales en el país, representando el 26.2% del total de los ilícitos cometidos contra el sector empresarial, según revela la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (Enve) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El análisis de las cifras oficiales muestra la gravedad de la violencia económica que enfrentan los comercios: de la totalidad de las extorsiones registradas contra negocios, uno de cada tres casos correspondió directamente a la modalidad de “cobro de piso”.
Impunidad: el 97.7% sin investigar
Pese a la alta incidencia de este delito y al impacto directo en la economía local, la respuesta institucional se enfrenta a una brecha severa. De acuerdo con el pronunciamiento del centro de análisis México Evalúa, el 97.7% de las extorsiones cometidas contra las empresas nunca llegan a abrirse en una carpeta de investigación ante los ministerios públicos, lo que deja a la inmensa mayoría de las víctimas en una condición de desprotección y silencio.
Esta cifra negra evidencia que el chantaje criminal opera al margen del sistema de justicia, donde la desconfianza o el temor a represalias impiden que los comerciantes acudan formalmente a denunciar.
Un mercado criminal de “falsa protección”
México Evalúa advierte que el cobro de piso no debe entenderse como un hecho aislado, sino como un mercado criminal estructurado. Este modelo extrae rentas ilícitas mediante una dualidad constante: la generación de amenazas directas a la integridad de los comerciantes y la promesa implícita de una “protección” coercitiva sobre los establecimientos.
Ante este panorama, la organización señala que la Estrategia Nacional contra la Extorsión debe reorientar sus esfuerzos prioritarios. Para desmantelar efectivamente este negocio delictivo, las autoridades requieren desarticular las redes operativas y las distintas modalidades que sostienen el cobro de piso, además de implementar mecanismos urgentes para recuperar la información directa de los hechos que permanece únicamente en manos de las víctimas.