Diversos habitantes y comerciantes sufren el aumento en los casos de extorsión en México. Los datos oficiales indican la cifra más alta en los últimos 11 años.
Tan solo entre enero y julio de 2026, las autoridades registraron 6 mil 562 víctimas de este ilícito, lo que representa un incremento de 9.17% respecto al mismo periodo de 2025. Este es el único delito de alto impacto que aumentó en el primer semestre de este año, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) analizados por el Monitor de Seguridad de COPARMEX.
Cifra negra de la extorsión en México: 97% de los casos no se denuncian
Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que 97% de los casos de extorsión no se denuncian ni son registrados ante las autoridades. Esto significa que las estadísticas del SESNSP reflejan apenas una pequeña fracción del fenómeno que afecta a empresas y ciudadanos en todo el país.
El impacto de la tecnología en las nuevas modalidades de extorsión en México
El aumento de la extorsión no se concentra en una región específica. Durante el primer semestre de 2026, 19 entidades federativas registraron un incremento en el número de víctimas comparado con el mismo periodo del año anterior. Además, 12 estados alcanzaron su máximo histórico de víctimas en los últimos 11 años.
La extorsión en México ha evolucionado de la mano de la tecnología, ya que 7 de cada 10 extorsiones son cometidas por internet, redes sociales o teléfono, de acuerdo con la nueva metodología del "Registro Nacional de Incidencia Delictiva".
La exigencia de COPARMEX a las autoridades federales y locales
Ante este escenario, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) exige concluir con la homologación de las legislaciones locales conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
En un comunicado, la organización mencionó que también demandan crear y garantizar la suficiencia presupuestal para la operación de unidades especializadas contra la extorsión en las fiscalías locales, como establece el artículo 13 de la Ley General.
Además, solicitan instalar inhibidores de señal en las cárceles, conforme al artículo 38 de la Ley General, para impedir comunicaciones desde estos lugares.
