La Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila conceder el amparo y ordenar la libertad de Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García, implicados en el caso Duda Razonable y quienes fueron detenidos en 2015 por un presunto secuestro y sentenciados a 50 años de prisión.
Este lunes el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso al Tribunal Pleno conceder la protección de la justicia, porque señala que “ni hubo evidencia aportada por la
Fiscalía que corroborara de manera robusta y suficiente” el secuestro supuestamente cometido por las tres personas sentenciadas.
6 ministros de la Corte se han pronunciado a favor del amparo
Aunque seis ministros se han pronunciado por conceder el amparo a los tres involucrados, durante el debate señalaron que no comparten en su totalidad el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena. El debate continuará este martes sobre el caso Duda Razonable.
“Los elementos hasta ahora analizados bastan para concluir que, contrario a lo resuelto por el tribunal de juicio oral, la Fiscalía no satisfizo la carga de la prueba que se obligó a soportar cuando decidió impulsar un proceso penal contra los tres quejosos. No aportó elementos suficientes para corroborar la existencia misma del delito, mucho menos la responsabilidad de los acusados.
Corte encuentra omisiones en investigación contra secuestradores
“Y, por esa razón, durante el juicio, la Fiscalía tuvo enorme dificultad para presentar evidencia tangible dirigida a corroborar el dicho de la presunta víctima. Su teoría del caso se vio afectada por un descuido generalizado en la investigación del presunto secuestro. Y, en ese sentido, el tribunal de juicio oral debió reconocer lo que ahora ve este Pleno: estamos ante un cúmulo de omisiones que demuestran un descuido invalidante, que en suma deslegitima toda su actividad probatoria”, detalla el proyecto de sentencia en la Corte
Para Gutiérrez Ortiz Mena, el artículo 21 de la Constitución da facultades al Ministerio Público para investigar y perseguir los delitos en términos amplios y, por supuesto, su función es representar fielmente los intereses de las víctimas y tramitar sus denuncias con toda seriedad.
