La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal detuvieron a Aldo Gerardo “P”, exmagistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por el delito de enriquecimiento ilícito.
Alfo Gerardo "P" es investigado por presuntamente haber obtenido ingresos que no coincidían con sus declaraciones patrimoniales durante su paso por la administración pública. Según las indagatorias, en los últimos años habría adquirido casas y departamentos en lujosas zonas residenciales de Sonora.
La detención fue llevada a cabo por el personal adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora en su propio domicilio, ubicado en el fraccionamiento residencial Los Lagos, una de las áreas más lujosas de Hermosillo.
"Esta orden de aprehensión se cumplimentó la tarde de este 18 de enero del año en curso por elementos de la AMIC en un domicilio particular en Hermosillo, Sonora y, posteriormente, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió, a la espera la celebración de la audiencia inicial", explicó la dependencia.
¿Quién es Aldo Gerardo “P”, exmagistrado detenido en Sonora?
Aldo Gerardo "P" es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora y fue presidente del Tribunal de Justicia Administrativa entre el 2015 y el 2022.
Gran parte de su carrera profesional la ha dedicado al servicio público, específicamente en áreas de procuración, administración de Justicia y litigación oral. Inclusive laboró en la Fiscalía General de Justicia de Sonora, donde fue titular del Órgano Interno de Control en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.
Ahora, el exmagistrado presidente se encuentra privado de la libertad en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Hermosillo, municipio en el que esperará por la audiencia inicial en la que la Fiscalía busca la imputación por el delito de enriquecimiento ilícito.
En la entidad, según el Código Penal, la sanción por el delito de enriquecimiento ilícito es de prisión de uno a nueve años, multa de veinte a doscientas Unidades de Medida y Actualización y destitución, en su caso, e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.