La crisis de violencia en el penal de San Miguel desnudó la ingobernabilidad que asfixia a Puebla. Ana Teresa Aranda Orozco, consejera nacional del PAN, lanzó una dura acusación contra la administración del morenista Alejandro Armenta: el gobierno estatal perdió el control absoluto de los centros penitenciarios, entregándolos en bandeja de plata al crimen organizado.
Aranda desmintió la postura oficial que minimiza el conflicto, asegurando que las mafias ya son las dueñas del reclusorio y hoy desatan balaceras para monopolizar los lucrativos negocios ilícitos al interior. “Parece mentira, pero desde que llegó Armenta se multiplicó la problemática”, sentenció la panista, exigiendo al mandatario que imponga orden en lugar de dialogar con delincuentes.
CNDH reprueba a Puebla: Condiciones inhumanas y sed
Los datos duros respaldan la alerta. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH califó al estado con una reprobatoria de 5.1 sobre 10. El fracaso es sistémico, ya que 14 de los 16 penales evaluados reprobaron. En San Miguel, la negligencia alcanza niveles críticos: el 64% de la población penitenciaria sobrevive comprando su propia agua potable ante el nulo suministro de las autoridades.
El hartazgo estalló en las calles el 10 de noviembre de 2026. Decenas de familias bloquearon vialidades para denunciar la brutalidad interna y exigir el traslado urgente de reos que generan violencia constante. Ante este escenario, la oposición cuestiona severamente la ineficacia del secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, quien mantiene una estrategia de seguridad sin resultados frente al autogobierno carcelario.