El régimen de Nicaragua asegura que sí habrá elecciones pero bajo sus propias reglas

Luego de las contundentes declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien afirmó que en Nicaragua "nunca más habrá elecciones", la cúpula del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) salió a matizar el discurso oficial para aclarar que los procesos electorales continuarán, pero condicionados a una reforma normativa que el gobierno impondrá.

El jefe de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, fue el encargado de anunciar un paquete de reformas constitucionales y legislativas. Según la narrativa del oficialismo, estas modificaciones tienen como objetivo blindar las urnas frente a lo que consideran interferencias de potencias internacionales y de la oposición.

"Decidimos cuándo y cómo van a ser nuestras elecciones (...) para no dejar ni un resquicio donde se pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos", aseveró Gustavo Porras durante su intervención.

El discurso de la "defensa de la soberanía" y el combate a la "injerencia extranjera" no es nuevo en la política latinoamericana. Diversos gobiernos de izquierda e ideales afines han utilizado este argumento para justificar mayores controles sobre las instituciones electorales, inhabilitar candidaturas opositoras y restringir la labor de organizaciones críticas.

En el caso de Nicaragua, el régimen encabezado por Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo busca cerrar definitivamente la puerta a cualquier opción de alternancia política. De acuerdo con el liderazgo del congreso nicaragüense, las votaciones no estarán abiertas para quienes califique como "enemigos del pueblo" o "golpistas".

El anuncio de las nuevas reglas electorales se suma a un largo historial de maniobras con las que el sandinismo ha consolidado su hegemonía desde la llegada al poder de Ortega en 2007:

• Reformas constitucionales: En 2009, la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable el artículo que prohibía la reelección consecutiva, facilitando la permanencia del mandatario.
• Bloqueo a la observación: Para los comicios de 2016, el régimen vetó la presencia de misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Centro Carter.
• Encarcelamiento de rivales: Durante el proceso electoral de 2021, los principales aspirantes de la oposición fueron detenidos bajo acusaciones de "traición a la patria", lo que llevó a la comunidad internacional a catalogar las votaciones como ilegítimas.

Con esta nueva reestructuración legal impulsada desde Managua, el régimen busca institucionalizar un modelo de participación restringida que asegure la continuidad del oficialismo sin margen para la competencia democrática real.