Mientras el gobierno mexicano impulsa la Ley de Economía Digital, que busca eliminar el uso de efectivo y obligar a los ciudadanos a realizar pagos digitales incluso en gasolineras, una pregunta incómoda surge: ¿a quién realmente beneficia esta medida?
La iniciativa, presentada como un avance hacia la modernización financiera, esconde una realidad que muchos analistas y críticos no dudan en señalar: se trata de un mecanismo de control y espionaje sobre las transacciones económicas de los ciudadanos comunes, mientras los verdaderos actores del crimen organizado siguen operando con total impunidad.
El propio gobierno reconoció que durante el año pasado se dejaron de pagar 61,700 millones de pesos en impuestos derivados del llamado “huachicol fiscal”. Una cifra escandalosa que evidencia la magnitud del problema.