La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz propondrá negar un amparo a la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) pues asegura que la Ley de la Guardia Nacional no invade competencias de los estados y municipios del país.
No hay subordinación de la Guardia Nacional hacia en gobierno federal: Ministra de la Corte
En su proyecto, Ortiz Ahlf señala que no hay una subordinación hacia el Poder Ejecutivo Federal con las facultades de la Guardia Nacional para participar con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas o de los municipios para la realización de operaciones coordinadas.
La ministra de la @SCJN, Loretta Ortiz propondrá negar un amparo a la organización México Unido Contra la Delincuencia (@MUCD), pues asegura que la Ley de la #GuardiaNacional no invade competencias de los estados y municipios del país.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 12, 2023
Los integrantes de MUCD señalaron ante la Corte que son inconstitucionales los artículos que autorizan a la Guardia Nacional la celebración de convenios de colaboración, a fin de realizar acciones continuas en materia de seguridad pública por un tiempo determinado.
Por ello solicitaron al máximo tribunal del país que se declaren inconstitucionales los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de la Guardia Nacional publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2019.
En la legislación se enumeran las responsabilidades de quienes encabecen los poderes ejecutivos locales y las presidencias municipales, durante la vigencia de los convenios de colaboración, entre las que se encuentran asistir a las reuniones de coordinación, aportar la información necesaria para cumplir con los fines de la colaboración, invertir los recursos necesarios para enfrentar y superar la amenaza a la seguridad pública de la que se trate, conforme los parámetros que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
De igual forma se indica que los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para la operación de la Guardia Nacional estarán a cargo de la Federación y que, excepcionalmente, los convenios de colaboración contendrán las aportaciones que, en su caso, deban efectuar las autoridades locales, cuando aquella realice tareas de seguridad pública de competencia local.
La colaboración es para contribuir al orden público y no implica pérdida de atribuciones
Sin embargo, para Loretta Ortiz la colaboración y coordinación regulada no implica la pérdida de atribuciones por parte de las entidades federativas ni municipios, sino una armonía organizada de sus facultades, con el objeto fundamental de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
“Dichos convenios administrativos celebrados por autoridades que cuentan con competencia concurrente en materia de seguridad pública se pueden considerar como mecanismos de coordinación a fin de evitar dispersión y desarticulación normativa mediante acciones contradictorias, pero, sobre todo, con el propósito de cumplir con los fines constitucionales en materia de seguridad pública”, propone.
El amparo a la organización civil que impugnó la Ley de la GN será analizado en los próximos días
Se espera que el amparo sea revisado por el pleno de la Corte luego del análisis sobre la constitucionalidad o no de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, asunto que está programado para debatirse la próxima semana.