La bancada de Morena en la Cámara de Diputados alista ajustes a la Ley Federal de Derechos para introducir un nuevo pago en los aeropuertos que manejan concesionarios privados; la medida busca favorecer a las terminales aéreas que controlan las Secretarías de Defensa Nacional y de la Marina.
Esta modificación a los artículos 219, 220 y 221 obligaría a los empresarios a pagar un nuevo derecho del 9 por ciento sobre los ingresos brutos que obtengan por servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.
La reforma no modificaría la tarifa para las terminales que controla la Sedena y Marina, las cuales seguirán pagando solo el 5 por ciento al propio gobierno Federal.
Sedena y Marina, beneficiadas con el nuevo cobro
La propuesta morenista establece que los recursos que se obtengan por el nuevo pago de concesionarios de aeropuertos se concentrarán en la Tesorería de la Federación (Tesofe) y se destinarán a las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina para el fortalecimiento del sistema aeroportuario que tienen bajo su coordinación.
Actualmente, la Marina administra las siguientes terminales aéreas:
- AICM (CDMX)
- Ciudad del Carmen (Campeche)
- Ciudad Obregón y Guaymas (Sonora)
- Matamoros (Tamaulipas)
- Loreto (Baja California)
- Toluca (estado de México).
Mientras que, la Sedena, mantiene el control de los siguientes aeropuertos:
- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Estado de México)
- Tulum y Chetumal (Quintana Roo)
Aprueban Ley Federal de Derechos
Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos en la que se prevé una reducción del 70% en la cuota de los derechos por el registro del título profesional, así como en la expedición de la cédula.
Otros cambios, que se implementarán hasta el 2024, incluyen la exención del pago de derechos por el acceso a sitios y zonas arqueológicas a cargo de la Federación, para las personas integrantes de comunidades indígenas residentes en los municipios colindantes con sitios y zonas arqueológicas.
Los legisladores aún discutirán las reservas que presentaron al dictamen, principalmente a aquellos artículos en los que se faculta a la Sedena a administrar un fideicomiso con fines turísticos.
