Con el objetivo de eliminar la violencia obstétrica, la diputada del PRD, Olga Luz Espinosa Morales, planteó que se castigue hasta con siete años de cárcel la esterilización y anticoncepción forzada.
La diputada del PRD planteó reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para que quien cometa el delito de anticoncepción forzada sin el consentimiento de la persona tenga una pena de siete años de cárcel, 70 días de multa, así como el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
El Comité #CEDAW de la #ONU ha dejado claro que la #ViolenciaObstetrica es un tipo de #ViolenciaDeGenero que constituye una de las formas más graves de discriminación y que #España ha vulnerado los derechos de S.F.M. y su bebé.
— Observatorio Violencia Obstétrica (@OVObstetrica) March 10, 2020
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La iniciativa reforma el artículo 67 y adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 51 Bis 2, ambos de la Ley General de Salud; y reforma el artículo 199 Quintus, párrafo primero, adiciona un último párrafo al artículo 199 Quintus y el artículo 199 Quintus 1, todos del Código Penal Federal.
El documento, enviado a las comisiones unidas de Salud y de Justicia, busca señalar en el Código Penal Federal que comete el delito de anticoncepción forzada quien sin el consentimiento de una persona o mediante el uso de la coacción o a través de la manipulación implante o practique en ella procedimientos químicos, sustancias u objetos de cualquier otra índole para evitar la fecundación.
Castigo por anticoncepción forzada aumentará si es funcionario
En el documento de la diputada del PRD también se indica que además de los castigos ya mencionados, se impondrá al responsable la suspensión del empleo o profesión por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva, o bien, en caso de que el responsable sea servidor público se le privará del empleo, cargo o comisión público que haya estado desempeñando.
En el caso de que la persona responsable ofrezca algún tipo de dádiva, prestación económica, social o de cualquier otra índole para cometer la anticoncepción forzada, aunado a las penas previstas, estas serán aumentadas hasta un tercio.
La propuesta de reforma sobre la anticoncepción forzada para la Ley General de Salud plantea que en tratamientos de anticoncepción o esterilización, la autorización deberá otorgarse por escrito y únicamente podrá proporcionarle la persona usuaria beneficiaria, previo a su intervención o internamiento.
En el @CIDIP10 trabajamos en el proyecto “Mujeres invisibles, violencia obstétrica contra las mujeres con discapacidad en la #CDMX” que arrojó: 100% de ellas han vivido algún tipo de violencia de género; 90% no conoce sobre derechos sexuales y reproductivos: Yereli Rolander. pic.twitter.com/QPkjRR8NZo
— Inmujeres México (@inmujeres) September 30, 2021
En el caso de que la persona pertenezca a grupos en situación de vulnerabilidad, el personal que recabe la autorización deberá explicarles atendiendo a sus condiciones particulares, incluyendo el lenguaje o idioma que comprendan.
En el caso de las personas con discapacidad auditiva, podrán auxiliarse por un intérprete de lengua de señas mexicanas o de persona de su confianza.
La legisladora del PRD considera fundamental reforzar las acciones en favor de la salud sexual y reproductiva, siempre garantizando el respeto a los derechos humanos, por lo que la iniciativa tiene por objeto eliminar la violencia obstétrica que se realice mediante la esterilización y anticoncepción forzada.