Es probable que deslumbrados por una historia en Estados Unidos, los legisladores mexicanos hayan decidido impulsar un salario igualitario entre deportistas; sin embargo, esto podría ser un mal cambio para la selección de futbol femenil.
En Estados Unidos, la exfutbolista y activista Megan Rapinoe tiene varias banderas políticas, una de ellas tuvo que ver con la búsqueda de que las mujeres ganaran lo mismo que sus colegas de la selección varonil.
Después de esto, las autoridades estadounidenses aprobaron una ley para que atletas que representen a ese país, en Mundiales o Juegos Olímpicos, sean compensados de forma igualitaria.
En el país vecino las negociaciones salariales son asunto de los clubes y sus atletas, no de las federaciones deportivas y tampoco son cosa del gobierno.
Comisiones del Senado aprueban dictamen sobre salario igualitario
En el caso de México, establecer un salario base igualitario entre jugadoras y jugadores no reconoce la realidad, una realidad que tiene que ver con la economía: ingresos, ganancias, gasto publicitario y alcance de ambas selecciones de futbol.
Este 15 de noviembre, las Comisiones del Senado de Trabajo y Previsión Social, Igualdad de Género y Estudios Legislativos Segunda aprobaron un dictamen que plantea un salario igualitario entre hombres y mujeres que se dedican al deporte profesional.
“Aquí estamos en este recinto, luchando por la igualdad entre hombres y mujeres, y el salario tiene que ser igual entre hombres y mujeres (…) Este va a ser un parteaguas para la sociedad mexicana”, mencionó la senadora Margarita Valdéz.
Sin embargo, la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, envió una carta a los senadores en donde aseguró que la paridad de salarios base pone en riesgo la viabilidad financiera de la liga.
El senador Germán Martínez también se pronunció al respecto y afirmó que con esta iniciativa “lo que están logrando es matar al futbol femenil, al negocio del futbol femenil que debe ser promovido no ahogado financieramente”.
Lo irónico en este caso es que se quiere imponer una equidad salarial en una administración que no da apoyos parejos entre los atletas que representan a México, como ocurrió con las nadadoras artísticas que tuvieron que vender trajes de baño para financiarse.