La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval a la Ley General de Bibliotecas y concluyó que la obligación de periódicos, revistas, editoras de libros, fonogramas y audiovisuales de entregar gratuitamente copias de sus publicaciones a bibliotecas públicas no viola los derechos de autor.
A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel, la Segunda Sala del máximo tribunal del país concluyó por unanimidad que la finalidad de la legislación es preservar el patrimonio cultural como objetivo de interés público.
Este miércoles Esquivel Mossa presentó a sus colegas propuestas sobre los amparos promovidos por las empresas Libros para Imaginar y Alternativa Representa, quienes impugnaron el depósito legal argumentado que la comunicación pública de una obra sólo puede ser autorizada por los propietarios de sus derechos de autor.
Sostenían que no había garantías suficientes en la Ley General de Bibliotecas (LGB) para evitar la reproducción ilegal, incluso digital, de las publicaciones entregadas al depósito legal.
La @SCJN dio su aval a la #LeyGeneralDeBibliotecas y concluyó que la obligación de periódicos, revistas, editoras de libros, fonogramas y audiovisuales de entregar #gratuitamente copias de sus publicaciones a bibliotecas públicas, no viola los derechos de autor.
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 22, 2022
Bibliotecas son responsbles del acervo: SCJN
Ambos casos fueron turnados a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien presentó los proyectos proponiendo que no procede el amparo contra los artículos 1o, fracción VI, 6o, 34, 37, 38, 39 y 40, fracción III de la LGB.
Estos artículos son los que definen al depósito legal como de interés público, los plazos para entregar las obras publicadas, faculta a las Bibliotecas de México, la Biblioteca del Congreso de la Unión y la Biblioteca Nacional de México, como responsables de este acervo, así como de fijar las políticas para su almacenamiento, custodia, conservación y consulta pública.
La ministra Esquivel de la SCJN señaló que la legislación establece que estas políticas se deben emitir “con base en las disposiciones aplicables”, las cuales incluyen el respeto a los derechos de autor, por lo que no hay acto de agravio para las editoras.