La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que investiga a Sonia Vargas Terrero, quien fue contratada en un puesto directivo en el Consejo de la Judicatura Federal, por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.
Vargas Terrero es indagada por formar parte en el caso de corrupción vinculado al ex secretario de seguridad federal Genaro García Luna, por un desfalco a la nación de 700 millones de dólares, en el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo con lo señalado por la UIF.
Específicamente se le señala de haber firmado contratos por más de 71.5 millones de dólares como directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal.
Además, la UIF informó que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo a Genaro García Luna para salir de la Lista de Personas Bloqueadas.
La Unidad de Inteligencia Financiera #UIF confirmó que Sonia Vargas Terrero, contratada por la ministra presidenta de la @SCJN, Norma Piña, para ocupar un puesto de dirección en el Consejo de la Judicatura Federal, es investigada por formar parte de la trama de corrupción...
— Gobierno de México (@GobiernoMX) May 23, 2023
UIF: Sonia Vargas participó en el desvío de 71.6 mdd
Pablo Gómez, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que hubo una salida de recursos financieros por servidor público que firmó contrato con "la trama corrupta" de García Luna.
También confirmó que estos contratos son importantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos: El primero de ellos fue encabezado por Felipe Calderón y el segundo fue encabezado por Enrique Peña Nieto.
"La Policía Federal en el periodo de Felipe Calderón, Sonia Vargas, que actualmente es funcionaria de Consejo de la Judicatura Federal, inexplicablemente; es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos. Todos los contratos fueron hechos en dólares, ningún contrato cubrió con los señalamientos legales a pesar de ser de seguridad nacional", dijo el Titular de la UIF en conferencia de prensa.
Cada una de las cantidades que se presentaron son atribuible a las personas que firmaron el contrato aun cuando hayan sido varias las que firmaron el contrato porque cada quien es responsable de la misma cantidad que se señala en el contrato.
Del sexenio del 2012 al 2018 de Enrique Peña Nieto, se presentaron otros nombres.
Estos contrato se hicieron con un conglomerado de empresas de Estados Unidos (EU) y los responsables de la misma firmaba como Mauricio Samuel Weinberg López y Israel Limban. los contratos eran para supuestamente adquirir sistemas de rastreo, localización de redes celulares y un sistema de nombre Safe City que iban a colocar en Ciudad Juárez pero no se tuvo registro de que así fuera.
Ante estas actividades ilícitas que fueron hechas en EU para hacer lavado de dinero en México, el juicio fue admitido y por estas razones, se investiga a Sonia Vargas Terrero.
...vinculada al caso #GarcíaLuna, por un desfalco a la nación de 700 mdd.
— Gobierno de México (@GobiernoMX) May 23, 2023
Como directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la #PolicíaFederal, Vargas Terrero firmó contratos por más de 71.5 mdd en el sexenio de @FelipeCalderon.
García Luna: niegan amparo para salir de la Lista de Personas Bloqueadas
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo a Genaro García Luna contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cumplimiento de una solicitud de carácter internacional.
Según el caso, en 2020, García Luna promovió juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México (CDMX) contra el acuerdo de la UIF 286/2019 que lo incluyó en la LPB a solicitud de la DEA por una investigación sobre lavado de activos.
El 16 de mayo de 2022, el Juez de Distrito emitió sentencia y señaló que nuestro país ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente ante solicitudes extranjeras para congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Con ello, se dio validez a la solicitud emitida por la DEA aportada por la UIF en el juicio de amparo.
En contra de dicha resolución, García Luna interpuso recurso, el cual fue admitido por el Décimo Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 288/2022. En tanto, la UIF formuló agravios en adhesión para aportar elementos de convicción sobre la determinación emitida por el Juez de Distrito en el sentido de que existió un respeto a las garantías procesales del quejoso.
El 11 de mayo de 2023, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la resolución del Juez de Distrito y negó el amparo a Genaro García Luna, al establecer en identidad de razonamiento que la resolución fue apegada a derecho y en la secuela procesal la UIF demostró que el origen de la inclusión a la LPB fue en cumplimiento a una obligación de carácter internacional en términos de los criterios establecidos por la Segunda Sala de la SCJN.