La lucha contra el presunto desvío de recursos públicos sumó un nuevo capítulo este martes cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles irregularidades que alcanzarían un monto cercano a 600 millones de pesos, además de abrir nuevas investigaciones y procedimientos administrativos contra servidores públicos de distintos niveles de gobierno.
Durante la entrega de la primera parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2025 a la Cámara de Diputados, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, explicó que las denuncias derivan de la revisión de expedientes donde se identificaron posibles actos de corrupción que podrían constituir delitos.
ASF pone la lupa sobre dependencias federales, estados y municipios
Las denuncias penales presentadas por la ASF abarcan recursos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores y alcanzan tanto a dependencias federales como a gobiernos estatales y municipales.
Entre las instituciones señaladas se encuentran Talleres Gráficos de México, con una denuncia, así como Cofepris, que concentra tres expedientes. A nivel municipal también aparecen Donato Guerra y Valle de Bravo, en el Estado de México, además de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
La lista continúa con cinco denuncias relacionadas con el Gobierno de Nayarit, derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2021, así como otras cinco contra el municipio de Alvarado, Veracruz. También figuran los municipios de Matehuala, San Luis Potosí, y Maravatío, Michoacán.
El auditor precisó que para la ASF el tamaño del monto observado no determina la presentación de una denuncia, pues cualquier posible acto de corrupción debe investigarse sin importar si el daño patrimonial es grande o reducido.
Hay 30 servidores públicos involucrados y más investigaciones en marcha
Además de las denuncias penales, Hernández Palacios informó que 30 servidores públicos están presuntamente relacionados con estos hechos y podrían enfrentar consecuencias penales si las investigaciones confirman responsabilidades.
De manera paralela, la Auditoría Superior abrió 31 expedientes de investigación contra dependencias federales, estatales y municipales, aprovechando una nueva facultad que le permite iniciar indagatorias directamente, sin necesidad de esperar el procedimiento tradicional de auditoría.
A ello se suman 30 expedientes por responsabilidades administrativas graves, los cuales fueron turnados a la autoridad correspondiente tras detectar posibles casos de colusión en procedimientos de contratación pública.
Estas investigaciones buscan determinar si existieron acuerdos indebidos entre funcionarios y particulares para beneficiar contratos públicos, una práctica considerada una de las principales formas de corrupción en el manejo del gasto gubernamental.
Auditor asegura que el combate a la corrupción no depende del monto observado
Durante su mensaje ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Hernández Palacios explicó que las denuncias fueron resultado de una revisión detallada de expedientes en los que se identificaron posibles conductas delictivas.
El titular de la ASF señaló que el organismo comenzó por analizar los casos donde existían indicios suficientes para presumir actos de corrupción y, con base en ello, decidió presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Asimismo, destacó que la fiscalización superior representa una herramienta clave para fortalecer las instituciones públicas, mejorar la rendición de cuentas y garantizar que los recursos públicos se utilicen conforme a la ley.
