Hay denuncias de un presunto conflicto de interés justo en el lugar donde todo se debe de vigilar y transparentar. Se cumplen tres meses de la designación de Aureliano Hernández Palacios Cardel como Auditor Superior de la Federación. Desde un principio, su nombramiento fue cuestionado por su cercanía con el extitular David Colmenares, en cuya administración ocupó cargos desde el año 2018; un David Colmenares que además fue señalado por manipular auditorías.
Al respecto, Vania Pérez, exintegrante del Sistema Nacional Anticorrupción, recordó las alertas que ya pesaban sobre la institución: “Se hicieron varios señalamientos sobre que se hacían en la auditoría, auditorías a modo, e incluso que había conflicto de intereses, entre los gobiernos estatales y la propia auditoría”. Ahora, su cercano colaborador ocupa su lugar como Auditor Superior de la Federación.
Empresas familiares y contratos ocultos en el Registro Público
Desde su llegada al cargo, ya pesan señalamientos por conflicto de interés relacionados con empresas ligadas a él y a su familia como contratistas de gobiernos estatales. En una de sus declaraciones patrimoniales, el auditor Aureliano Hernández reconoce que es dueño de la mitad de la empresa Inteligencia Institucional, que en 2018 obtuvo dos contratos del gobierno del Estado de México; sobre esto, en su momento se dijo que no había conflicto de interés.
¡Escándalo en la Auditoría Superior!
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026
A tres meses de asumir el cargo, el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, enfrenta graves denuncias por conflicto de interés. Se reveló que empresas ligadas a él y a su familia reciben contratos de gobiernos… pic.twitter.com/qfDmBhaSKk
Sin embargo, actualmente existen más contratos otorgados a otra empresa llamada Inteligencia en Instituciones, Administración y Sistemas, de la que forma parte junto con su familia. Estos nuevos contratos no aparecen en su más reciente declaración patrimonial, pero sí figuran en el Registro Público de la Propiedad. De acuerdo con el portal Froji_MX, esta empresa ha recibido contratos públicos de gobiernos estatales.
El riesgo de ser juez y parte ante la opacidad institucional
La dualidad del funcionario enciende las alarmas por la pérdida de imparcialidad al momento de revisar las cuentas públicas de las entidades federativas. Vania Pérez advirtió sobre la gravedad de esta situación en el organismo: “Porque justamente podría ser juez y parte y entonces ya lo pondría en una condición de superioridad y entonces estaríamos hablando cualquier auditoría que se realice ya no es de manera imparcial porque entonces estaría auditando ¿qué? A sus propias empresas, entonces eso podría ser un conflicto grave de intereses”.
Para agravar la situación, la información de los nuevos contratos otorgados a la empresa familiar del Auditor Superior de la Federación ya fue reservada. Esto se convierte en una piedra más a la rendición de cuentas y a la transparencia del uso de los recursos públicos en el país.