Ser menor de edad no es sinónimo de impunidad cuando infringen la ley, pero la justicia penal para adolescentes en México sólo establece para estos infractores penas máximas de 3 a 5 años de internamiento, para las conductas más graves que cometen como el homicidio.
En el último episodio de violencia protagonizado por un menor, el estudiante de secundaria, de 13 años de edad, que realizó disparos al aire en su escuela del municipio de los Reyes la Paz, en el Estado de México e hirió al conserje con un impacto de bala en el hombro. Expertos penalistas ven una cadena de responsabilidades.
Adolescente podría ser sometido solo a tratamientos psicológicos en lugar de pasar por el internamiento
El estudiante, por tener 13 años de edad, de acuerdo con la ley, solo podría recibir un castigo máximo de 3 años de internamiento en un centro de justicia para adolescentes, pero queda a criterio del juez, porque las lesiones que causó no fueron graves y podrían tomarse otras medidas como quedar bajo el cuidado de sus padres, y ser sometido a tratamiento psicológico.
“Estamos hablando de un sistema garantista de adolescentes, en el cual es el máximo, en la práctica es muy poco usual que se imponga estas penas.” señala José de Jesús Mogallán.
La sanción por el delito de lesiones quedaría a criterio del juez.
El juez debe analizar la conducta del menor está obligado a analizar el hecho, como que ingresó un arma a la institución pues obviamente esa situación ya trae una alteración de la personalidad del menor
Padres de adolescente y la escuela podrían tener responsabilidad por omisión
Los padres y la escuela sí pueden tener responsabilidad penal por omisión si así lo decide el ministerio público
“Con independencia de que esta es una acción directa perpetrada por ese menor, exige también una responsabilidad tanto de la escuela como en contra de los padres de familia o de los tutores de que dependa ese menor ligar 00:13:46 a 00:13:55 la escuela es por omisión, la escuela está obligada a saber qué es lo que ingresan los estudiantes”, puntualiza Alberto Woolrich.
Respecto al arma que usó el estudiante, las autoridades deben aclarar su procedencia, si pertenecía al padre y su legal posesión. Depende de la investigación, quién será responsable de violaciones a la ley federal de armas ante la fiscalía general de la república.
