La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que México enfrentará condenas internacionales si el Tribunal de Disciplina Judicial continúa sancionando a jueces por el contenido de sus resoluciones.
Un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra Argentina prohíbe esta práctica por violar los derechos humanos y la independencia judicial.
“De persistir este tipo de actuaciones arbitrarias en contra de las y los juzgadores nacionales, lo que se avizora a futuro son condenas internacionales contra el Estado mexicano, advirtiendo que de seguir en la línea en la que opera el Tribunal de Disciplina Judicial, el Estado enfrentará sentencias de índole similar a la dictada contra Argentina”, expuso.
Juez en Argentina fue destituido
En un comunicado de la Corte IDH se informó que Argentina es responsable internacionalmente por violar la independencia judicial al destituir en 2003 a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fundamento en el criterio jurídico expresado en decisiones jurisdiccionales.
Se declaró a Argentina responsable por las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del juicio político efectuado contra Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, del que derivó su destitución como juez de la Corte.
En el caso Moliné O’Connor Vs. Argentina, mencionó la JUFED, “el Tribunal internacional determinó que un Estado incurre en responsabilidad internacional al destituir a un juez fundamentándose en el criterio jurídico expresado en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales”.
Ven hostigamiento contra jueces en México
La JUFED refirió que en México se ha buscado defender a los jueces del “hostigamiento, las presiones políticas y las destituciones arbitrarias que enfrentan diversas personas juzgadoras en nuestro país”.
“La referida sentencia de la Corte IDH establece que el Estado argentino vulneró los derechos políticos y los derechos a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, concluyendo que el Estado es responsable por la afectación al proyecto de vida de la víctima, esto es, establece con toda claridad que sancionar, destituir o atribuir “mal desempeño” a un impartidor de justicia por el contenido de sus interpretaciones y decisiones dictadas en el ejercicio de su autonomía, vulnera las garantías judiciales, la protección judicial y los principios democráticos elementales", manifestó la JUFED.