El gobierno de Estados Unidos retiró la visa a Andy López Beltrán, desatando una inmediata reacción mediática y la defensa coordinada de la cúpula de su partido. Tras la revocación del documento, el hijo del expresidente denunció un “ataque a la soberanía”, mientras voces críticas cuestionan la falta de investigaciones en México sobre los expedientes que lo vinculan con el llamado huachicol fiscal y las contrataciones millonarias a su red de allegados —entre ellos Amílcar Olán— en obras insignia como el Tren Maya, Dos Bocas y el Transístmico. Frente al revés diplomático, su postulación a una diputación por Tabasco es señalada como una maniobra para amarrar la inmunidad que otorga el fuero constitucional.
El club del descaro: Andy López Beltrán y Andrea Chávez desafían al INE con campañas adelantadas
La respuesta del aparato estatal y de la dirigencia de Morena ha seguido el mismo patrón visto en los casos de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza: calificar los señalamientos del gobierno estadounidense como un “acto de injerencismo” para arropar a sus liderazgos. Esta estrategia de defensa institucional, que busca apelar al discurso de la soberanía nacional frente a imputaciones de corrupción o nexos delictivos, perfila el criterio de selección interna rumbo a las elecciones de 2027, garantizando candidaturas y protección política a perfiles cuestionados mientras la ciudadanía exige deslindar responsabilidades sin distingos partidistas.