El inminente proceso de extradición desde Argentina del contraalmirante Fernando Farías Laguna ha puesto contra las cuerdas la narrativa de impunidad del gobierno federal, al salir a la luz señalamientos que escalan hasta lo más alto del poder político. Acusado de encabezar un entramado de huachicol fiscal que provocó un desfalco histórico superior a los 600 millones de pesos al erario público, el sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, sostiene desde el exterior que se trata de una operación de Estado diseñada para culpar a mandos medios.
Sin embargo, los propios testimonios asentados en las carpetas de investigación revelan que la descarga irregular de buques cisterna contaba con autorización directa en nombre de Andy López Beltrán, exponiendo una compleja red de complicidades institucionales que la Fiscalía General de la República se ha negado rotundamente a tocar.
A pesar de que las declaraciones ministeriales detallan cómo altos funcionarios y mandos navales justificaron las operaciones ilícitas amparándose en la figura del hijo del expresidente, la FGR mantiene una evidente política de blindaje al omitir citarlo a declarar o investigar a las verdaderas cabezas del esquema criminal. El juicio de extradición del mando naval en Buenos Aires amenaza con desmantelar el cerco de encubrimiento construido por el régimen, evidenciando que una red de tráfico masivo de hidrocarburos de esta magnitud jamás pudo haber operado sin la anuencia de quienes controlaban el aparato estatal.