Un tribunal federal ordenó, en definitiva, que la Fiscalia General de la República (FGR) debe concluir con la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses en un máximo de 40 días, acción que beneficiará a miles en la búsqueda de desaparecidos en todo el país.
Por unanimidad, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México confirmaron el amparo concedido por un juez a Olimpia, hermana de un hombre desaparecido en Guanajuato, para la integración de dicho registro genético.
“El Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas son herramientas que constituyen auténticas formas de garantizar los derechos a la búsqueda, a la verdad y a la justicia.
“La falta de implementación de las herramientas previstas en la Ley General y que están a cargo de la Fiscalía General de la República, limita injustificadamente la búsqueda de su hermano”, concluyó el tribunal.
La herramienta tecnológica se debió implementar el 29 de noviembre por la FGR
Está herramienta tecnológica, que por orden de un juez la FGR debió implementar el 29 de noviembre, podrá facilitar su incesante búsqueda de desaparecidos; sin embargo, los fiscales apelaron la decisión ante un tribunal federal para ganar más tiempo.
El pasado cinco de octubre un juez de Zacatecas concedió un amparo a Olimpia, una mujer buscadora, quien desde 2017 ha intentado localizar en fosas clandestinas a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato.
Sin embargo, la FGR impugnó a mediados de noviembre el histórico amparo concedido a Olimpia, el cual también beneficia a cientos de familias buscadoras en todo el país.
Para los magistrados federales, existen responsabilidades del Estado mexicano dentro de las cuales se encuentran las obligaciones específicas para la búsqueda efectiva a través de sistemas de registros y bancos de datos con elementos relevantes para la identificación de las personas desaparecidas y con información completa, minuciosa y apropiada.
Incluso los juzgadores reiteraron en su sentencia que el 16 de enero de 2019 el Banco Nacional de Datos Forenses ya debía estar en operación, toda vez que la Ley General de Desaparición Forzadaentró en vigor el 16 de enero de 2018.
