Una observación del periodista Arturo Ángel puso al descubierto una disparidad estadística sin antecedentes entre las dependencias oficiales encubridoras de las cifras de violencia. Tras la publicación de los datos definitivos de defunciones correspondientes a 2025 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad reportó un total de 29 mil 488 homicidios, lo que representa 2 mil asesinatos más respecto a la estimación previa emitida por el mismo instituto meses atrás.
Con esta actualización, la brecha respecto a los números que entregan las fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) escaló a más de 5 mil homicidios de diferencia. De acuerdo con el análisis de los registros estadísticos, mientras el SESNSP reportó 24 mil 348 víctimas (que contemplan homicidios dolosos y feminicidios), la contabilidad final del INEGI alcanzó los 29 mil 488 casos, generando un subregistro de 5 mil 140 muertes violentas. Esta variación entre ambas bases institucionales representa un desfasamiento superior al 15%, una diferencia abismal que abre serios cuestionamientos sobre la precisión del reporte gubernamental cotidiano.
Un desfase histórico que evidencia la opacidad en el registro del delito
El margen de discrepancia detectado en 2025 rompe con la tendencia histórica observada durante la última década. En ningún año previo dentro del registro comparativo se había presentado un abismo cuantitativo de esta magnitud entre lo contabilizado por las procuradurías y lo respaldado mediante certificados médicos de defunción. Mientras que en 2019 la diferencia fue de apenas 967 casos y en 2024 se situó en 2 mil 632, para el ejercicio 2025 el trecho prácticamente se duplicó.
Esta marcada distorsión resalta el sesgo en los informes del SESNSP, alimentados por carpetas de investigación sujetas al criterio o manipulación de las fiscalías locales, frente al método científico del INEGI, fundamentado directamente en las actas de defunción emitidas por los servicios médicos forenses. La revelación formulada por Arturo Ángel pone de manifiesto que el combate a la impunidad y la medición de la violencia en el país enfrentan un grave problema de subregistro en las instancias de procuración de justicia.