El gobierno del Reino Unido ha dado un paso controvertido en su política penitenciaria al anunciar la implementación de la castración química en 20 prisiones del país. Esta medida busca controlar la reincidencia de ciertos delincuentes sexuales, en medio de una estrategia más amplia para reducir la sobrepoblación carcelaria y acelerar la liberación anticipada de algunos reclusos.
La decisión fue anunciada el pasado jueves por la Secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, durante una intervención en el Parlamento británico tras la publicación de una revisión independiente sobre las sentencias actuales.
¿Por qué Reino Unido implementará la castración química?
La propuesta del gobierno británico se inspira en políticas ya aplicadas en otros países europeos. Según lo informado, esta técnica ha sido utilizada de forma voluntaria en Alemania y Dinamarca, y de manera obligatoria en Polonia para determinados infractores.
La castración química consiste en el uso de medicamentos que reducen significativamente los niveles hormonales relacionados con el deseo sexual. Se trata de un tratamiento médico que no implica intervención quirúrgica, pero sí tiene efectos considerables sobre la libido y, en muchos casos, sobre el comportamiento sexual compulsivo.
Shabana Mahmood explicó que el enfoque británico también incluiría terapias psicológicas complementarias para tratar “otras causas de la delincuencia, como la afirmación del poder y el control”.
El sistema penitenciario del Reino Unido enfrenta una situación crítica. La sobrepoblación en las cárceles ha generado llamados urgentes a reformar las políticas de encarcelamiento y liberar espacio para internos considerados de alta peligrosidad. Este contexto ha sido determinante para impulsar medidas que, aunque polémicas, buscan aliviar el colapso carcelario sin comprometer la seguridad pública.
Resultados prometedores en la reducción de la reincidencia
Uno de los argumentos más sólidos a favor de esta medida es su impacto comprobado en la reducción de delitos sexuales reincidentes. De acuerdo con la ministra, “los estudios muestran que la castración química puede conducir a una reducción del 60% en la reincidencia”.
Este dato, citado en su intervención ante el Parlamento, ha sido clave para justificar una política que sigue siendo tema de intenso debate tanto entre juristas como entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
