Tras la conclusión de la consulta pública sobre el derecho de las audiencias, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) entra en la fase decisiva para definir si modifica o mantiene el polémico proyecto. De un universo de más de 130 millones de habitantes en el país, únicamente participaron 8 mil 500 personas, de las cuales más del 82% expresó un rechazo contundente a las nuevas reglas.
Juristas y analistas coinciden en que resulta altamente peligroso que el propio gobierno asuma la facultad de determinar qué se puede decir y bajo cuáles criterios, pues al estar el nombramiento de los reguladores en manos del Estado, se abre la puerta a un control discrecional del discurso público que atenta de forma directa contra la libertad de expresión.
#CallarAMéxico | ¡México ya respondió:! El 82% rechaza los lineamientos sobre derechos de las audiencias.
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 24, 2026
Ahora la decisión está en manos de la autoridad: escuchar a la ciudadanía o imponer reglas que, advierten especialistas, podrían fomentar la censura y la autocensura en los… pic.twitter.com/n2W1XXwvtA
El mayor riesgo del dictamen radica en el severo régimen punitivo que contempla sanciones económicas de hasta el 1% de las ventas totales para los medios que emitan contenidos considerados violatorios a los derechos de las audiencias.
Representantes del sector mediático advierten que multas de esta magnitud pueden asfixiar financieramente a las empresas y llevarlas a la quiebra simplemente por ejercer el periodismo crítico. Ante el temor a represalias presupuestales, existe un riesgo inminente de autocensura, dejando en manos de la CRT y de la Presidencia de la República la decisión de mantener las garantías de una democracia abierta o tomar la ruta de regímenes autoritarios como Cuba y Nicaragua, donde la palabra libre ha sido eliminada para someter a los medios al servicio del poder.