Este viernes 21 de agosto concluye la consulta pública de la CRT sobre los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias, un proceso que ha encendido las alertas de juristas y comunicadores. Integrantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y diversos analistas advierten que facultar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para supervisar y eventualmente multar a estaciones de radio y televisión implica otorgarle al poder político el control sobre qué contenidos se difunden, reduciendo el margen del periodismo crítico bajo la amenaza de sanciones discretas.
El mayor peligro expuesto por los especialistas radica en la inminente autocensura que generaría este marco normativo ante el riesgo de que la autoridad califique arbitrariamente si una nota se presentó como opinión. Este temor a represalias económicas provocaría que comunicadores y medios prefirieran acallar sus voces antes de enfrentar litigios administrativos. A pesar de que los comentarios en la plataforma oficial reflejan un rechazo ciudadano mayoritario al intervencionismo estatal, persiste la duda sobre si el gobierno atenderá la voz pública o avanzará unilateralmente en la restricción de la libertad de expresión.