La COPARMEX advirtió que proteger los derechos de las audiencias no debe derivar en mecanismos de control editorial ni en facultades que permitan a la autoridad intervenir en la valoración de contenidos informativos, ya que eso podría derivar en autocensura, debilitar la libertad de expresión y afectar la certeza jurídica que requiere una sociedad democrática.
El riesgo a la autocensura
En foro en la Cámara de diputados, el Vicepresidente Nacional de Comunicación de COPARMEX, Armando Zúñiga, aseguró la mejor protección de las audiencias no proviene de un Estado que decide por ellas, sino de ciudadanos capaces de decidir por sí mismos, y que ninguna autoridad puede sustituir el juicio libre de una sociedad democrática.
"La función de una autoridad reguladora debe ser garantizar procedimientos y derechos, no calificar contenidos editoriales. Cuando una autoridad se convierte en árbitro de los contenidos, deja de proteger las condiciones de la conversación pública y empieza a intervenir en ella, si esto ocurre, surge un segundo riesgo la autocensura", se mencionó durante la conferencia.
Advirtió que los lineamientos actualmente sometidos a consulta pública por la CRT contienen aspectos que deben revisarse con profundidad para evitar afectaciones a la libertad de expresión y al pluralismo democrático.
Los estándares internacionales sobre libertad de expresión, recordó, han establecido que las opiniones no pueden estar sujetas a juicios oficiales de veracidad y que cualquier medida estatal relacionada con contenidos debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Así la función de una autoridad reguladora debe consistir en garantizar procedimientos y derechos, no en convertirse en árbitro de los contenidos informativos.
JUFED advierte que nuevos lineamientos para callar a México podrían abrir la puerta al control de contenidos
La JUFED consideró que los cambios van más allá de fortalecer los derechos de las audiencias. La preocupación es que la autoridad administrativa pueda revisar el trabajo de los Defensores de las Audiencias, modificar sus resoluciones e incluso sustituir su criterio cuando considere que un medio incumplió con los lineamientos.
Es decir, que un mecanismo diseñado originalmente como de autorregulación dejaría de depender exclusivamente de cada medio de comunicación y pasaría a estar sujeto a supervisión gubernamental.