Un fiscal federal argentino solicitó una sentencia de 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual vicepresidenta del país, por cargos de corrupción relacionados con obras públicas.
El fiscal Diego Luciani acusó a Cristina Fernández de Kirchner, una voz aún influyente del ala izquierda del gobernante partido peronista, de defraudar al Estado y participar en un plan para desviar fondos públicos durante sus dos mandatos como presidente entre 2007 y 2015.
La sentencia se conocerá en meses, según medios locales, aunque Cristina Fernández de Kirchner podría recurrirla ante tribunales superiores, que tardarían años en llegar a un veredicto final.
Diego Luciani / Fiscal Federal:
Esta es probablemente la maniobra de corrupción más grande que se haya conocido en el país”.
“En el cual los imputados sustrajeron sistemáticamente fondos del erario público para beneficio privado utilizando una estricta división de roles, subvirtiendo las facultades legales que les correspondían de manera sostenida en el tiempo. Adoptaron todas las medidas necesarias para llevarlos a cabo en condiciones de impunidad, es decir, desactivando todos los mecanismos de control”, finalizó el fiscal Luciani.
En Twitter, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, condenó la decisión y calificó la decisión en un comunicado como un caso de persecución judicial contra el expresidente.
He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
También exigen inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner
El fiscal también solicitó la inhabilitación de por vida para Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos.
“Solicitamos que se condene a Cristina Elizabeth Fernández a 12 años de cárcel, inhabilitación especial de por vida para el ejercicio de cargos públicos, accesorios de justicia y el pago de costas por considerarla penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su cargo de dirigente y administración fraudulenta”, añadió el fiscal.
La investigación busca establecer si ella y otros funcionarios de su gobierno favorecieron a las firmas del empresario Lázaro Báez en los procesos de licitación de decenas de obras públicas en la región sur de la Patagonia, muchas de las cuales estaban sobrevaluadas o no concluyeron.
Muchos expertos sospechan que el capital supuestamente desviado habría vuelto a manos de la familia Kirchner a través de sus empresas
