El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados busca reformar la Ley General de Salud para considerar ilícitos los procedimientos de maternidad subrogada; la modificación prevé imponer de seis a 17 años de prisión por esta práctica que no está regulada en México.
La propuesta, de la diputada Mariana Mancillas Cabrera, expone que distintos países han intentado regular la maternidad subrogada, mientras que otros optaron por la prohibición total. Sin embargo, precisó que hasta la fecha existen vacíos legales sobre esta práctica.
En el caso de México explicó que la maternidad subrogada no se encuentra regulada a nivel federal y únicamente se puede encontrar en cuatro entidades, en dos de ellas se prohíbe: San Luis Potosí y Querétaro, mientras que en Tabasco y Sinaloa está permitida.
¿Qué es la maternidad subrogada?
Los legisladores del PAN que se sumaron a la iniciativa definen a la gestación subrogada como un "contrato donde una mujer accede a gestar a través de técnicas de reproducción asistidas, para otras personas quienes serían padres o madres de la niña o niño nacido del embarazo previamente pactado".
Esta situación, según testimonios citados por los diputados, dan cuenta de un arreglo entre particulares, lo que se ha interpretado como un negocio. En México, hasta el momento no existen cifras oficiales de cuántas personas han llevado a cabo esta práctica ni las clínicas que ofrecen este servicio.
“Lo que está ocurriendo es lucrar con la vida de las personas, con el vientre de las mujeres y, sobre todo, se podría generar un mercado de préstamo o renta de vientres por catálogo, una situación preocupante que generaría muchísimos problemas a futuro”, añade la reforma.
Buscan negociar con la necesidad de las personas
En otro apartado la iniciativa de reforma estima que la maternidad subrogada comienza a ser preocupante porque muchos están negociando con la necesidad de las personas.
Por esta razón consideró indispensable modificar la Ley General de Salud y sancionar, con seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo, al que comercie o realice cualquier procedimiento que tenga como fin la maternidad subrogada.